Las empresas públicas se han convertido en un lastre para las Islas

R. ACOSTA
Todos los expertos y ex consejeros consultados coinciden en que el entramado de empresas públicas, fundaciones y entidades debe reordenarse de inmediato y reducirse drásticamente porque es el principal lastre que arrastra la Comunidad Autónoma. Para Óscar Bergasa, el sector público se ha convertido en un instrumento para "eludir" el control de la actividad pública y tomar decisiones en materia de personal sin justificación objetiva. "Es bochornoso el espectáculo que se da con los sueldos de los directivos de las empresas públicas", añade el que fuera consejero de Hacienda en el primer gobierno de Jerónimo Saavedra.

El también ex consejero Luis Hernández cree que deberían desaparecer la gran mayoría de las empresas y que sus funcionen pasaran a la iniciativa privada para que ganaran en agilidad y eficacia. "La Administración se ha convertido en un enemigo de la actividad económica", asegura Hernández.

Por su parte, José Miguel González recuerda que la Comunidad Autónoma fue creando las empresas públicas con el objetivo de dar mayor agilidad y autonomía a la gestión de determinadas funciones. Sin embargo, con la gravedad de la situación que atraviesa Canarias hay que realizar un amplio y profundo reajuste que implique también la supresión de contratos y funciones.

También los expertos van en la misma línea y creen imprescindible ir hacia la simplificación y eliminación de las sociedades mercantiles que dependen de la Administración autonómica. El catedrático José Suay es partidario de fusionar y suprimir este tipo de sociedades reordenando sus funciones y analizando el personal que trabaja en ellas, más de 3.000 personas, que tiene un régimen laboral distinto al del personal estatutario.