Los placeres de la ex presidencia

JOAQUÍN ANASTASIO
Ya son pocos los ex presidentes de gobiernos autonómicos que pierden toda su autoridad y todo su sueldo cuando dejan el cargo. La mayoría de las comunidades autónomas han aprobado normas para mantener a sus antiguos mandatarios un cierto estatus institucional y una indemnización honrosa tras su jubilación política, reservando partidas presupuestarias para los ex dignatarios. Casi todas lo han hecho, como pretende ahora el Gobierno de Canarias, a través de la promulgación de un estatuto especial para los ex presidentes autonómicos, aunque en algunos casos los beneficiarios han renunciado a ese reconocimiento y a los privilegios asociados casi siempre por estar ocupando otros cargos públicos.


En el caso de los ex presidentes del Gobierno central, esta cuestión está regulada por un Real Decreto desde 1983 que ha sido modificado en dos ocasiones, en 1992 y en 2008, y que mantiene a los antiguos mandatarios la consideración de presidente, una oficina suficientemente dotada y un sueldo vitalicio que en la actualidad es de 90.000 euros.


Algunas autonomías llevaron a cabo esta regulación hace ya algunos años, mientras otras lo han hecho mucho más recientemente. En todo caso, ninguna de las que quedaban por adoptarla han emprendido el proceso en plena crisis económica, como sí se está haciendo en Canarias. La última en hacerlo ha sido Extremadura, en los últimos compases de la pasada legislatura, pero el único ex presidente que tiene esa región, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha renunciado al sueldo que se le reconocía, que es del 80 por ciento de la que fue su remuneración como presidente durante un periodo equivalente a la mitad del tiempo que permaneció en el cargo. En todo caso, los ex presidentes de esta comunidad tienen derecho a una pensión de jubilación que dependerá de la que perciban con cargo a la Seguridad Social por otro tipo de cotizaciones.


En la Comunidad Valenciana y Castilla-León el reconocimiento de una buena jubilación no es directo, sino a través de la prerrogativa para los ex presidentes de formar parte de los Consejos Consultivos de esas comunidades. Esa prerrogativa es vitalicia en el caso valenciano y con un sueldo anual de 77.000 euros, aunque ningún ex mandatario se ha acogido hasta ahora a ella, mientras en el caso castellano-leonés sólo podrán ocupar el cargo la mitad del tiempo que hayan presidido la comunidad. El sueldo es de 78.000 euros anuales.


Los ex presidentes de la Junta de Andalucía también entran a formar parte del Consejo Consultivo de la comunidad, pero sin sueldo, aunque el estatuto les reconoce una pensión del 60 por ciento del sueldo a partir de la edad de jubilación del ex mandatario.