R. ACOSTA
Unos 70 efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil están asumiendo en la actualidad funciones que son exclusivas de la Policía Canaria, cuerpo que inició su despliegue hace unos días y cuya primera misión ha sido reforzar la seguridad en las fiestas lustrales de La Palma. Los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado que ejercen labores que ahora son competencia del nuevo cuerpo policial vigilan y protegen edificios y dependencias de la Comunidad Autónoma, velan por la seguridad de altos cargos autonómicos o custodian los traslados de menores con medidas judiciales entre las islas. Sólo en dietas por viajes y estancias fuera de sus zonas de residencia estos efectivos gastan más de 400.000 euros al año en este tipo de labores.
Sólo ha pasado una semana desde que la Policía Canaria ha salido a la calle para que la Delegación del Gobierno y los sindicatos policiales ya estén pidiendo a la Comunidad Autónoma que cumpla con su propia ley y con la normativa estatal y que el nuevo cuerpo policial asuma sus competencias exclusivas cuanto antes para poder liberar a estos efectivos para otras funciones más necesarias.
Lo cierto es que si los efectivos de los que dispone ahora la guanchancha -100 agentes- se dedicaran a sus competencias exclusivas muy pocos quedarían para ejercer aquellas labores de las que habla el Ejecutivo y con las que intenta vender el nuevo cuerpo a la población: vigilar los institutos para evitar el trapicheo de droga, colaborar en la seguridad pública (competencia exclusiva del Estado) o ejercer funciones de policía turística y medioambiental.