Doble inspección para reducir el absentismo

R. ACOSTA
Los funcionarios tendrán un doble filtro en el control de las bajas laborales, ya que al médico de cabecera que habitualmente da la baja y el alta laboral, la Inspección General de Servicios, organismo adscrito a la Consejería de Presidencia, tendrá una inspección médica propia que verificará, controlará, confirmará o extinguirá la incapacidad temporal de todo el personal al servicio de la Administración autonómica. El principal objetivo del Ejecutivo con esta medida es intensificar el control del absentismo entre los empleados públicos, lo que ha provocado las críticas de los sindicatos, que han amenazado con romper las negociaciones para consensuar la Ley de la Función Pública de Canarias.

Ayer se reunió en Santa Cruz de Tenerife la Mesa General de la Función Pública con la intención por parte del Ejecutivo de cerrar las negociaciones y llevar el proyecto de ley al Consejo de Gobierno y al dictamen del Consejo Consultivo en este mismo mes. Sin embargo, los representantes sindicales se negaron a apoyar el texto tal y como está redactado, lo que ha provocado un nuevo aplazamiento aunque el consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, dejó claro ayer que la prioridad del Ejecutivo es aprobar la nueva norma en esta legislatura.

Los sindicatos cuestionan que con el argumento de controlar el absentismo se pretenda imponer las altas médicas por encima del criterio del facultativo, competente en las incapacidades laborales de todos los trabajadores. El Gobierno establece en la ley que también habrá inspecciones médicas específicas para el personal sanitario y para el personal docente.

Por otro lado, las centrales sindicales presentes en la Mesa General critican que se mantenga la llamada evaluación de desempeño negativa, criterio por el cual un empleado público puede retroceder en su categoría y perder sus complementos retributivos si no consigue alcanzar los niveles de rendimiento y productividad establecidos en el departamento donde ejerza su trabajo. Este criterio se fijará a partir de la entrada en vigor de la ley para todos los empleados públicos que asciendan en su carrera profesional y en sus retribuciones.

Otra de las medidas incluidas en la nueva norma y que no gusta a los representantes de los trabajadores es la posibilidad que tiene la Administración de amortizar plazas que no salgan en las ofertas de empleo público aunque estén ocupadas provisionalmente por personal interino o laboral. Los sindicatos entienden que se trata de un ERE encubierto ya que existe un alto volumen de temporalidad en la Administración autonómica y con la crisis el Gobierno puede decidir amortizar plazas. Por ello, las centrales ven muy complicado que al final haya consenso en torno a la nueva ley.