El Gobierno quiere incluir la figura de la multa dineraria, de hasta 1.500 euros, en el régimen sancionador de la Ley Canaria de la Función Pública, así como la figura del personal de alta dirección, que no tiene por qué ser designado entre los empleados públicos. Estos son dos de los puntos más polémicos del anteproyecto de ley que está elaborando la Consejería de Presidencia que dirige José Miguel Ruano y que concitan el rechazo unánime de los principales sindicatos canarios que representan al empleado público.

Los portavoces del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) consultados por Acn Press coinciden en que la creación de esta figura directiva, "se regula al margen de los funcionarios" y suponen una "especie de control de alta dirección política, lo que se conoce como comisarios, con el fin de someter al funcionario a la política. El funcionario debe ser libre, los gobiernos vienen y van, y sólo pueden estar sometidos a la ley, pero no a la acción política", afirman desde el Sepca.

El artículo 9.7 del proyecto del Ejecutivo afirma que "el funcionario de carrera que sea designado personal directivo en el ámbito de la Administración Pública canaria a la que pertenezca, se le realizará un contrato de alta dirección y pasará a la situación administrativa de servicios especiales, salvo que el puesto directivo estuviese reservado para funcionario de carrera, en cuyo caso, permanecerá en servicio activo". Además, la "designación de personal laboral fijo como personal directivo conllevará la formalización de un contrato de alta dirección", lo que para los sindicatos supone "una nueva forma de premiar los servicios políticos prestados".

Para los sindicatos está claro que el Ejecutivo pretende "rebajar los derechos de los funcionarios, incluida una importante merma salarial con fines subjetivos" con la creación de la evaluación por desempeño de la tarea asignada, "que no es nada transparente en los términos en los que se incluye en el anteproyecto". Desde Intersindical Canaria se asegura que el anteproyecto "es totalmente abusivo, contrario a derecho y pensado para favorecer los intereses de los cargos políticos de la Administración exclusivamente."

Concretamente, al artículo 52 del texto elaborado por el Ejecutivo asegura que la evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual el Gobierno "mide y valora la conducta y comportamiento profesional, la implicación, el rendimiento y el logro de resultados de sus empleados públicos". No obstante, no define el sistema de evaluación del desempeño y se remite a un futuro para establecerlo, si bien afirma que se adecuará "a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos".

Desde el Sepca se afirma que "el Gobierno de Canarias está yendo mucho más allá" del estatuto nacional del Empleado Público aprobado por el Gobierno central y, además, "no da respuesta a los problemas de prevención o precariedad laboral que tiene el sector". En este sentido, desde el Sepca se asegura que otro motivo por el que rechazarán la próxima semana el borrador elaborado por el Ejecutivo regional será el relativo al de funcionarización del personal laboral y su consolidación como fijo, pues la actual redacción "significa una pérdida de derechos laborales adquiridos que no recogen ni siquiera la antigüedad".