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R. ACOSTA
Los recortes anunciados por el Ministerio de Vivienda ponen en peligro los más de 200 millones de euros que corresponden al Estado para la financiación del Plan de Vivienda de Canarias 2009-2012. Apenas un año después de iniciarse la aplicación del plan, los ajustes ministeriales afectarán a las más de 2.500 casas de protección oficial para venta o al cerca del millar de viviendas sociales en alquiler que se construyen actualmente en el Archipiélago. Tanto unas como otras cuentan con ayudas a los usuarios para pagar la entrada a la vivienda o como incentivo a los promotores para que entren en el mercado de la casa protegida.
El Instituto Canario de la Vivienda está realizando una evaluación urgente de los efectos que va a suponer para el Plan de Vivienda esta reducción o eliminación de las ayudas estatales. Sólo un dato es relevante del impacto que puede tener esta medida y es que de la ayuda que reciben los adquirentes de viviendas protegidas, que es de un máximo de 22.000 euros, al-rededor de la mitad de los fon-dos los pone el Ministerio. De esta forma, el director del Instituto, Jerónimo Fregel, denuncia que se va a dificultar el acceso de las familias y los jóvenes con menos recursos a la compra de una casa protegida.
El inicio del ajuste este mismo año ha supuesto que el Eje-cutivo haya solicitado una convocatoria inmediata de la comi- sión bilateral Canarias-Estado con el fin de intentar "flexibilizar" la situación ante la acumu-lación de solicitudes de ayudas, tanto de las familias como de los promotores, que se encuentran pendientes de aprobar por el Instituto Canario de la Vi- vienda. En el caso de los pro- motores, los planes del Ministerio pasan por reducir en un 40 % las subvenciones que reciben para construir viviendas protegidas en alquiler.
Las restricciones presupuestarias que también afectan a los presupuestos de la Comunidad Autónoma impiden que el ajuste estatal pueda ser compensado por fondos propios tanto este año como en los dos años siguientes. A esta situación la puede acompañar el propio ajuste que tenga que realizar el Instituto Canario de la Vivienda por los importantes recortes que sufrirá el presupuesto autonómico de 2011.
Además de las ayudas directas, el Ministerio también tiene intención de suprimir la llamada reserva de eficacia, de la que Canarias se beneficia directamente, o las subvenciones destinadas al funcionamiento de la ventanilla única con los municipios.
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