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El TSJC mantiene la suspensión del Puerto de Granadilla

El tribunal estudia si plantea un recurso de inconstitucionalidad al catálogo de especies protegidas

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EFE. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado una providencia por la que mantiene la suspensión cautelar de las obras en el puerto de Granadilla de Abona y abre un plazo de diez días para estudiar si plantea un recurso de inconstitucionalidad al catálogo de especies protegidas.

Así se indica en una providencia dictada ayer por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y que ha facilitado la federación ecologista Ben Magec.

La providencia está relacionada con el procedimiento abierto a raíz de que Ben Magec pusiese una demanda contra la orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de 2 de febrero de 2009, por la que se excluía del catálogo de especies amenazadas de Canarias a la población de "Cymodocea nodosa" (sebadal) que va desde la punta de los Tarajales en dirección sureste en Granadilla de Abona.

En la demanda Ben Magec argumentaba la inconstitucionalidad del nuevo catálogo de especies protegidas de Canarias por posible exceso competencial en relación con la legislación básica del Estado en materia de patrimonio natural y de biodiversidad.

Por ello el TSJC acuerda dar traslado a las partes demandadas y al Ministerio Fiscal, por el plazo común e improrrogable de diez días, sobre la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad o sobre el fondo de ésta.

Las partes demandadas son la Comunidad Autónoma, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, la compañía transportista de gas, la Unión Eléctrica de Canarias y el Polígono Industrial de Granadilla.

También declara que no ha lugar a dictar una resolución sobre la terminación del proceso (la suspensión cautelar de las obras del puerto) que había solicitado el Abogado del Estado, en representación de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Según un comunicado de Ben Magec, el recurso de inconstitucionalidad es la única vía legal para anular una Ley aprobada por un Parlamento "que adolece de gravísimos defectos que la hacen ilegal".

Dado que tras reiteradas manifestaciones de voluntad, el PSOE "aún no ha hecho absolutamente nada al respecto", la Federación ecologista ha optado por otras vías para presentar el recurso, explica, y por ello presentó al TSJC una serie de argumentos que acreditan la más que probable ilegalidad de la nueva norma.

Añade que la nueva Ley del catálogo fue hecha "ex profeso" para legalizar las obras "del innecesario y destructivo" puerto de Granadilla, y por ello ha suscitado "el rechazo contundente y unánime" de colectivos sociales, profesionales y científicos.

Según Ben Magec, el catálogo supone "un verdadero varapalo a la conservación y abre las puertas a la destrucción" de las valiosas especies de flora y fauna canaria, muchas de ellas endémicas, y en serio peligro para su supervivencia.

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