Los nacionalistas canarios, con el apoyo del PP (ambos en el Gobierno regional) están dispuestos a dar una dura batalla por traer a Canarias la gestión de la política de costas, una de las grandes competencias sobre el territorio insular aún en manos del Estado. Esa política de costas se sustancia en la capacidad de gestión de un convenio de obras con 80 millones anuales de gasto, la concesión de autorizaciones para establecimientos de ocio o restauración o la definición de los paseos marítimos. Y algo también importante, la incoación y tramitación de expedientes de derribo de núcleos urbanos sobre el suelo marítimo-terrestre.
Los nacionalistas no aguantan más la "rigidez monolítica" de la Dirección General de Costas y su Demarcación en Canarias a las que acusa de bloquear la ejecución de paseos, regeneraciones de playas y equipamientos. De la misma manera, y con el apoyo de los populares, acaba de aprobar una proposición no de ley para que las casas afectadas por la Ley de Costas que cuenten con valor etnográfico, arquitectónico o socioeconómico no sean derribadas. Un millar de viviendas ya están amenazadas para ser pasto de la piqueta en las islas.
La diputada regional de CC, Belén Allende, señaló ayer que el enfrentamiento con Costas ha provocado "batallas campales" para hacerles entender desde las administraciones canarias las actuaciones a desarrollar en el litoral. Esta "falta de receptividad" ha originado que todavía se estén ejecutando obras que datan del convenio de 2002.
Allende indicó que la gota que ha colmado el vaso es ese derribo por todas las islas y que afecta a municipios gobernados por CC. El presidente del Gobierno, Paulino Rivero, anunció hace unos días que negociará con Madrid nombrar al jefe de Demarcación de Costas. "Choca frontalmente que se vayan a derribar casas construidas antes de la Ley de Costas y no se apliquen medidas similares para hoteles construidos en primera línea".
