En los próximos días se cerrará la fecha para la celebración en la capital grancanaria de la segunda reunión de la Junta de Seguridad Canarias-Estado constituida el pasado 12 de julio y en la que el presidente Rivero y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, acordaron formar un grupo de trabajo para elaborar los protocolos de coordinación de la recién creada Policía Canaria y los cuerpos de seguridad dependientes del Estado.

Representantes de la Consejería de Presidencia y del Ministerio se han estado intercambiando documentación para la redacción de esos protocolos. Pese a la "ausencia de grandes diferencias" entre ambas partes, según fuentes de la negociación, los documentos definitivos que se pretenden someter a la Junta de Seguridad aún no están listos. Sólo si en esa reunión, en la primera quincena de octubre, se está en condiciones de cerrar un acuerdo sobre los criterios de coordinación y el reparto de funciones entre los distintos cuerpos, hay posibilidades de que la vuelven a presidir al alimón Rivero y Rubalcaba.

Si no es así, la Junta de Seguridad servirá para seguir negociando en los niveles técnicos. El ministerio dio en julio el visto bueno inicial al despliegue de la policía autonómica, pero quiere dejar bien claro la coordinación de las funciones con el fin de que no haya choque de competencias entre las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y la policía autonómica.

Desde que comenzó a desplegarse el operativo de los agentes autonómicos se inició la polémica política entre la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo canario a cuenta de las funciones y competencias entre el nuevo cuerpo de seguridad y la Policía Nacional y la Guardia Civil. La Junta de Seguridad celebrada en julio sentó las bases de la coordinación entre los diferentes cuerpos, que se tendrá que concretar en los protocolos de actuación que se negociarán entre ambas administraciones en las próximas semanas cuando se cierren las agendas oficiales.