La medida adoptada por el Gobierno canario de cerrar la ejecución del presupuesto de 2010, con el fin de no contraer más gastos y cumplir con las estimaciones de déficit, ha llevado la preocupación a más de un millar de empresas canarias, que prestan servicios a la Administración autonómica o tienen contratadas obras e infraestructuras con el sector público. Las dudas se ciernen sobre las facturas pendientes de cobro y también sobre la decisión de no gastar más fondos públicos en nuevos compromisos hasta el 31 de diciembre, lo que también supone la paralización de la actividad de muchas empresas que suelen trabajar con la Administración en la provisión de suministros, equipamientos o bienes y servicios.

Los representantes de las pymes, empresas de la construcción y Cámaras de Comercio esperan que en los próximos días el Ejecutivo les detalle el alcance real de esta medida. En este sentido, el presidente de la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme), Prudencio Lorenzo, critica la falta de "previsión" del Gobierno por adoptar una medida que puede llevar a la "ruina" a muchas empresas porque si no reciben el dinero que se les debe tendrán que despedir a sus empleados. Asimismo, recuerda que las dificultades de los bancos para otorgar créditos acentúan aún más la crisis para las pymes.

Sin embargo, el consejero de Economía y Hacienda, Jorge Rodríguez, aseguró que la Comunidad Autónoma "no tiene problemas de liquidez" y que todas las deudas que se tienen con las empresas se pagarán. "Las obligaciones contraídas las vamos a cumplir, lo que no vamos es a contraer nuevos compromisos de gasto hasta el 31 de diciembre ni a realizar modificaciones de gasto", agrega el consejero. Rodríguez afirma que el Ejecutivo es la Administración que tarda menos en pagar; sin embargo, los empresarios dicen que las demoras de la Administración superan los seis meses.