Las investigaciones desarrolladas por las fuerzas de seguridad del Estado y el poder judicial en Lanzarote y en Madrid a cuenta del caso Unión vuelven a situar a los empresarios en primera fila. Tras los arrestos, esta misma semana, de los directivos Marcos Aurelio Hernández (Fomento de Construcciones y Contratas) y Francisco José Martínez Llerandi -de Urbaser, una filial de la conocida ACS de Florentino Pérez- son ya diez las empresas de postín que se han visto involucradas en los ocho grandes casos de corrupción que desde 2005 se vienen investigando en Canarias.
Las pesquisas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, unidas a las resoluciones judiciales, han motivado a día de hoy que más de 150 personas -con un buen puñado de políticos, técnicos y funcionarios al frente- se hallan visto imputadas en algún momento de las instrucciones de causas tan complejas y prolijas como Eolo, Faycán, Doramas, Brisan, Paraíso, Góndola, Unión o Las Teresitas.
En este amplísimo grupo se cuentan, entre grandes y pequeños, a medio centenar de empresarios. La mayoría continúa arrastrando la situación de imputado en unos turbios asuntos que siguen pendientes de ventilarse mediante juicios. Vistas que aún no tienen fecha.
El último golpe dado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dejado bien a las claras que la presunta comisión del delito de cohecho, el más extendido, no es una cuestión reservada para los inversores de menor enjundia, los que estén atravesando una situación más delicada.
La primera empresa de categoría que se vio salpicada en una operación de este tipo fue Hidrocantábrico, sociedad de la que era intermediario Enrique Guzmán, uno de los imputados en el caso Eolo. Su sumario, que ha dejado tras de sí una media docena de encartados, bucea en un intento de amaño en la adjudicación del concurso para la construcción de parques de aerogeneradores en las islas. Éste será el primer caso que se cierre con una vista oral que algunos sitúan en la Audiencia Provincial al inicio de 2011.
Tras Eolo llegó Faycán. En Telde han sido cuatro las compañías de reputado prestigio que se han visto relacionadas con las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de obras, contratos y servicios por el Ayuntamiento de Telde entre 2004 y 2006. A saber, las constructoras Dragados y Mazotti -con su ex director regional, Abelardo Martínez y su administrador Alejandro Navarro a l frente- la empresa Cobra (Antonio Nadal) y la cooperativa Grupo Europa (José Manuel Antón). A todos ellos se les acusa de cometer sobornos con la edil fallecida Toñi Torres para hacerse con proyectos o construir viviendas en el municipio.
El doblete de Grupo Europa
La instrucción de Góndola, en Mogán, sirvió para añadir al listado el nombre del empresario canario Santiago Santana Cazorla, en el punto de mira de la Justicia por haber construido una depuradora en un lugar inadecuado. En esta causa repite nominación la cooperativa Grupo Europa, que aspiraba a levantar, como en Telde, promociones de casas de protección oficial en el sur de la isla.
Sin salir de Gran Canaria, también se contabilizan una serie de casos de presunta corrupción de segunda nivel -Doramas, Paraíso y Brisan- en los que los empresarios implicados se emplazarían en un segundo escalón por su 'modestia', a excepción de Mazotti, que repite en San Bartolomé de Tirajana.
Por último, en Lanzarote se encuentran las citadas Urbaser y FCC -con Jacinto Álvarez y su libreta como elementos claves en las indagaciones y otros seis empresarios de estas sociedades- y en Tenerife son Antonio Plasencia e Ignacio González los que representan la cuota del empresario potentado en el caso Las Teresitas, con un buen puñado de tomos por desvelar.
