El 30 de septiembre pasado se aprobaron en la Mesa del Parlamento de Canarias una serie de mejoras sociales para sus funcionarios. Se trata de unas ayudas que, sin embargo, han sido recortadas a otros empleados públicos de la administración isleña. Así lo denuncian casi mil trabajadores del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín en un escrito que se va a elevar al presidente del Ejecutivo Paulino Rivero, y en el que se le pide textualmente que "se suspendan las medidas extraordinarias para la reducción del gasto" anunciadas y evitar así el agravio comparativo.
Apretarse el cinturón, esta era la idea de la Resolución de la Secretaría General del 2 de noviembre de 2010, en la que se pedía a los funcionarios de la Comunidad Autónoma que hicieran un esfuerzo, ante "el agravamiento de la situación económica". La consigna era "redoblar los esfuerzos y explorar fórmulas eficaces para producir los cambios necesarios en los hábitos de consumo y modificar nuestras formas de trabajar, garantizando el mantenimiento de los servicios públicos esenciales".
Para ello, se tomó la decisión de suspender acuerdos, pactos y artículos del Convenio Colectivo, tales como que no se abonará ayuda ni se realizará convocatoria alguna de acción social, incluidas las ayudas médicas, ayudas por estudios, premios de jubilación y permanencia, se suspenderá la aportación que se realiza al Plan de Pensiones de los empleados públicos del Gobierno de Canarias, y se suspenderá el reconocimiento de encuadramiento en los distintos grados o niveles de la carrera profesional, etcétera".
Hasta aquí, la petición entra dentro del contexto general. "El empleado público ha demostrado hasta ahora que es solidario, como lo demuestra el hecho de ver mermados sus ingresos mensualmente, perdiendo poder adquisitivo y eso, a pesar de que muchos de nosotros pertenecemos al sector de los llamados mileuristas, solidaridad de la que no participan otros sectores de la población sobre los que no existe control directo sobre sus ingresos", agrega el escrito.
Aplicación de los recortes
Al parecer, en el apartado Segundo de la Resolución se recoge de forma expresa que los recortes serán de aplicación en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, los organismos autónomos, entidades de derecho público, sociedades mercantiles públicas dependientes, entidades públicas empresariales y fundaciones públicas. Pero no es igual para todos. "Cuál no sería nuestra sorpresa cuando recurriendo a la hemeroteca leemos un Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 30 de septiembre de 2010 por el que se aprueba el Texto Refundido del Reglamento por el que se regulan las mejoras sociales del personal que presta servicios en el Parlamento de Canarias", afirma el comunicado. Estas mejoras son, no sólo para el personal que presta servicios en el Parlamento, sino para los jubilados.
Entre las prerrogativas más llamativas están las que, precisamente, se recortan a los demás funcionarios: las ayudas de estudio, las prestaciones de salud o los premios extraordinarios. Todo esto queda eliminado para ellos desde enero de 2011, aunque no así para el personal del Parlamento.
"Queda de manifiesto que no sólo se están vulnerando los derechos adquiridos por los trabajadores después de años de negociación, sino que se hace burla de estos derechos restringiéndoselos a la mayoría e incrementándoselos a una minoría, el objetivo es fomentar no la conciliación, sino el enfrentamiento de unos con otros y a su vez del resto de la sociedad con todos, con la intención de desviar la atención de los verdaderos culpables de esta situación, la clase política", continúa el escrito.
Este millar de trabajadores reivindica su papel social y solicita que no se vulneren sus derechos. "El personal estatutario del Servicio Canario de la Salud ha demostrado durante años su profesionalidad en los distintos Servicios en los que ejerce, Urgencias, UMI, Plantas de Hospitalización, Servicios Centrales… prestando una asistencia sanitaria de óptima calidad, esforzándose en sacar el trabajo adelante y de la mejor manera posible porque este incide directamente en la salud de los pacientes, se siente objeto de persecución y menosprecio por parte de nuestros gobernantes".
Por todo ello, solicitan que "quede en suspenso el Acuerdo relativo a todas las medidas extraordinarias para la reducción del gasto, ya que consideramos se pueden establecer otras disposiciones para paliar la crisis que en ningún caso supongan la suspensión de los derechos adquiridos por los trabajadores", concluyen.
Derechos, al detalle
Estudios.
Estas ayudas tienen una cuantía que va desde los 360,10 euros hasta los 2.004 euros y se establecen en supuestos que van desde ayudas a los hijos, hasta los propios estudios.
Salud.
Además de la revisión médica, llama la atención la ayuda para seguro privado, la consulta privada de ginecólogo, urólogo y odontólogo, así como la ayuda para prótesis dentales o lentillas.
Minusvalía.
Se trata de una ayuda para las personas con discapacidad (que se define como minusvalía en el Boletín Oficial) o para sus hijos y familiares. Es una ayuda añadida a la que ya se puede obtener por otras vías.
Seguros.
De vida y accidentes. Va desde los 75.000 euros por fallecimiento hasta los 150.000 por fallecer en un accidente.
Otros.
Se establece un premio por jubilación, la ayuda a la natalidad, la ayuda por gastos de sepelio, un plan de pensiones y un premio de permanencia.
