El cierre del presupuesto de 2010 decretado por el Gobierno canario y los problemas de tesorería de las arcas autonómicas para pagar las facturas pendientes ponen en peligro más de 60.000 empleos directamente vinculados a las empresas que mantienen contratos de prestación de servicios con la Administración. Las dudas de los empresarios se ciernen sobre las facturas pendientes de cobro y también sobre la decisión del Ejecutivo de no gastar más fondos públicos en nuevos compromisos hasta el 31 de diciembre. En este sentido, muchas empresas se preguntan si las facturas que se presenten con fecha posterior al 25 de noviembre van a ser abonadas en tiempo y forma o se van a postergar hasta el próximo año.

Hay una amplia variedad de sectores cuya facturación depende en buena parte de los presupuestos de la Comunidad Autónoma. El principal de ellos es el sector de la construcción, que ocupa actualmente a unos 42.000 trabajadores en las Islas y que, como consecuencia de la grave crisis que ha sufrido, muchos de estos puestos de trabajo dependen de la inversión pública en carreteras, obras hidráulicos, viviendas de protección oficial y otros equipamientos públicos. La presidenta de la patronal de la construcción de Las Palmas, Salud Gil, exige al Ejecutivo que aclare la situación para que las empresas sepan a qué atenerse. Asimismo, Gil también se cuestiona si las empresas públicas dependientes de la Comunidad Autónoma van a actuar de la misma forma que la Administración ya que podrían incurrir en un incumplimiento de la Ley de Morosidad.

Limpieza y seguridad

Otros sectores también directamente afectados por el cierre presupuestario y los problemas de liquidez son el subsector de la limpieza y el de la seguridad privada. El presidente de la Asociación de Empresas de Servicios de Limpieza de Las Palmas, Salvador Sanginés, asegura que el 80% de los costes de las empresas están vinculados a los puestos de trabajo que se generan por los contratos con las Administraciones públicas. La preocupación de los empresarios no es sólo por el cierre del presupuesto o la demora en el pago de las deudas, sino también por la reducción unilateral que está aplicando la Comunidad Autónoma a los contratos ya en vigor. Consejerías como Sanidad o Educación ya han ordenado una disminución cercana al 20% del precio de adjudicación de los concursos de limpieza de hospitales, centros de salud y centros educativos, lo que está impactando directamente en los puestos de trabajo del sector.

La seguridad privada es también un sector con importantes vínculos con la Administración, de hecho de los más de 5.000 empleados que tiene este subsector en las Islas, más del 60% dependen del sector público a través de la vigilancia y custodia de edificios administrativos y de centros públicos.

Junto a estos tres sectores existen otros que tienen una parte destacada de su facturación a través de contratos y suministros con la Administración como es el caso de las empresas que suministran los equipamientos hospitalarios y el material sanitario, artes gráficas e imprentas, mobiliario, material y suministros de oficina, el sector del transporte y las empresas de nuevas tecnologías. En este último caso, las empresas del transporte se benefician de los fondos públicos tanto a través de las obras públicas como mediante otros contratos de servicios como el transporte escolar que paga la Consejería de Educación.