"Verificar si existió un acceso ilegítimo al ordenador" de la juez Victoria Rosell. Ese es el objeto de la denuncia presentada ayer por la Consejería de Presidencia y Justicia, que dirige José Miguel Ruano, ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas después de que el pasado 16 de noviembre la magistrada hiciera lo propio en el juzgado de guardia.
Rosell halló evidencias de que el ordenador de su despacho pudo ser manipulado al encontrárselo, tras un fin de semana en el que no trabajó, con el disco duro quemado por un sobreesfuerzo. De ahí que la juez solicitara la intervención del servicio técnico.
En su denuncia el Gobierno solicita que "se practiquen, con carácter inmediato, las diligencias necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos y, en su caso, la concreción de las eventuales responsabilidades penales, con el auxilio de la Policía Judicial".
Según las fuentes consultadas, lo más probable es que la Fiscalía remita el escrito presentado por Presidencia y Justicia al juzgado que finalmente instruya el presunto sabotaje informático denunciado por la juez. Rosell presentó su denuncia en el Juzgado de Instrucción número 1, que es el que estaba de guardia el pasado 16 de noviembre, pero el Decanato tendrá que decidir ahora cuál es el órgano judicial que se queda con la causa para abrir diligencias de investigación.
El responsable de Justicia tacha de "imperiosa" la "necesidad de depurar responsabilidades y desvirtuar la imputación genérica de actitud delictiva a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, investigación que deviene indispensable para el pleno respeto de las garantías propias de un Estado de Derecho", según señala en una nota.
Tanto el programa de gestión procesal utilizado por los órganos judiciales de las Islas como el organismo que se encarga de la seguridad y mantenimiento de la red informática, el CyberCentro, dependen del departamento de Presidencia y Justicia. De ahí la urgencia en depurar responsabilidades y aclarar la situación.
Grave
El Gobierno considera "especialmente grave que se pretenda establecer algún tipo de relación entre la rotura del disco duro de la magistrada y la información publicada por el periódico El Mundo el pasado 3 de diciembre". En ella se acusa a Rosell de haber redactado en su ordenador la denuncia, luego firmada por su compañero sentimental, que dio lugar al caso salmón en contra del líder del PP, José Manuel Soria.
El Ejecutivo, para afianzar su postura, ha solicitado a la Dirección General de Telecomunicaciones un informe pormenorizado de la cadena de custodia seguida con el disco duro de la magistrada, que fue retirado de su despacho el 26 de noviembre. El Gobierno subraya "la integridad y seguridad" del sistema Atlante II, y hace constar que "es imposible encender o apagar el ordenador en remoto", es decir, sin encontrarse físicamente delante de él, o conectarlo en remoto sin que su usuario lo apruebe primero.
