El Ministerio del Interior no encuentra motivos suficientes para dar asilo a los 22 saharauis que llegaron en patera a las costas de Fuerteventura el pasado día 5 de enero. La Oficina de Asilo y Refugio -que ayer terminó de recibir las solicitudes, una vez se dio por concluida por la mañana la toma de declaraciones en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de El Matorral, donde se encuentran recluidos tras su detención por los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado- entiende que no existen pruebas de que sean represaliados por el gobierno de Marruecos más allá de su participación en la protesta del campamento Agdaym Izik, en El Aaiún.
Entre los argumentos para denegar el asilo se añade, además, en una lectura política, las consecuencias que para España tendría frente al reino alauí dar la razón a quienes aseguran sentirse acosados por las fuerzas de seguridad marroquí, amen del efecto llamada que ello podría conllevar.
Fuentes gubernamentales aseguran que el asunto se ha convertido en una papa caliente para el Ejecutivo central que, como mal menor, podría optar por una solución del conveniencia admitiendo solo una o dos de las solicitudes de las 22 presentadas. En la patera en la que llegaron a Playa Blanca (Puerto del Rosario) viajaban un total de 32 personas, de las que 28 se identificaron como saharauis y entre ellos habían seis menores.
Hasta el momento faltan por localizar cuatro inmigrantes, aunque dos de ellos han anunciado que no se van a presentar a las autoridades españolas alegando su temor a ser repatriados. Sin embargo, la policía sospecha que entre los pasajeros de la patera podrían encontrarse al menos una docena de marroquíes.
Declaraciones
Las dos abogadas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), desplazadas desde Las Palmas de Gran Canaria a Fuerteventura para estar presentes en las declaraciones de los jóvenes junto a funcionarios de Interior, relataron ayer que todos los saharauis sostuvieron que las razones por las que huyeron de El Aaiún que no eran otras que la represión que sufren en los antiguos territorios españoles por parte de las autoridades marroquíes. Una situación que, aseguraron, se acrecentó tras su participación en el campamento que los saharauis levantaron a la afueras de la ciudad a principios de noviembre pasado en demanda de derechos sociales, sobre todo de acceso al trabajo y a la vivienda.
Los jóvenes aseguraron a los policías nacionales que les tomaron declaración en el CIE que todos ellos habían formado parte activa de las protestas en Agdaym Izik y que ello contribuyó a que, tras el desmantelamiento del campamento de forma brutal por parte del Ejército y la policía marroquí, y las manifestaciones posteriores en El Aaiún, fueran objeto de acoso y persecución.
Lo que si que no parece cuestionarse, señalan fuentes de CEAR, es la aseveración de los 22 de que son de procedencia saharaui. Aunque no existen aún datos que permitan avalar sus testimonios la Comisión de Ayuda al Refugiado trabaja desde la presunción de que efectivamente proceden de los antiguos territorios españoles.
De confirmarse esta circunstancia, apuntan desde CEAR, debería ser suficiente para que el Gobierno de España les otorgase la condición de asilados que reclaman. Entiende la ONG que existen argumentos suficientes para determinar que la situación de tensión en el Sahara Occidental no se puede calificar de otra cosa más que de preocupante.
