El Ministerio del Interior ha endurecido los requisitos para conceder el asilo a los refugiados políticos provenientes del Sahara. Fuentes gubernamentales aseguran que se intenta no hacer distinciones cuando se interroga a los solicitantes pero admiten que las "presiones" que recibe el Gobierno español de Marruecos condicionan las exigencias para que los saharauis acrediten con pruebas fehacientes su condición de perseguidos por motivos políticos.

El reciente desmantelamiento por Rabat de una supuesta célula de Al Qaeda a unos 200 kilómetros de El Aaiún se interpreta como un pretexto para justificar la "alerta" en la que se encuentran los gobiernos de España y Marruecos por el terrorismo islamista y los riesgos existentes debido a la cercanía de Canarias. Por eso las peticiones de asilo se analizan con lupa y se exigen todo tipo de verificaciones, pruebas y testimonios de familiares para concederlo.

Los 17 inmigrantes llegados en patera a Fuerteventura, a los que Interior les ha denegado la petición provisional de asilo, solicitaron ayer el reexamen del expediente y ahora el Gobierno tiene dos días, hasta mañana jueves, para reconsiderar su situación o denegarles definitivamente la solicitud. Los que tienen más opciones de salir del centro de internamiento de El Matorral son ocho, mientras que a los nueve restantes se les ha identificado como de origen marroquí.

Por su parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que ha asistido jurídicamente a los inmigrantes durante las entrevistas que les realizó la Brigada de Extranjería, ha pedido que se admitan a trámite las peticiones de asilo de todos ante "el alto riesgo que conlleva su devolución a las autoridades marroquíes". CEAR sostiene que todos ellos han aportado "datos y pruebas suficientes para acreditar la necesidad" para que se acepten sus solicitudes, un posicionamiento que se basa en el conocimiento de las circunstancias de los afectados.