| Una decisión electoralista. La orden del Gobierno de Canarias para que un centenar de liberados sindicales pierdan su dedicación exclusiva se justifica como una medida extraordinaria para contener el gasto autonómico. CC OO y UGT, además de acusar al Ejecutivo de "juego sucio" , señalaron ayer que la realidad de esta decisión era "meramente electoralista" ya que suponía sólo un ahorro de 3 millones frente a un presupuesto regional de 6.700 millones de euros.
| Demanda judicial. El secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Francisco Caballero, indicó que los servicios jurídicos de la confederación estatal ultiman una demanda contra el Ejecutivo canario por atentar contra la representación sindical "que está amparada por la Constitución y leyes orgánicas contra las que no pueden actuar órdenes regionales".
