La economía sumergida no ha parado de crecer en Canarias desde que se inició la crisis, de tal manera que su tasa media sobre el Producto Interior Bruto (PIB) supera con creces la media nacional, el 28,7% frente al 23,3%, y alcanza un porcentaje similar al índice de paro. Esta situación ha provocado también un incremento del fraude tanto fiscal como laboral desde 2007, año de inicio de la recesión económica. Las contrataciones clandestinas y el pago en negro provoca unas pérdidas de unos 140.000 euros diarios a la Seguridad Social en Canarias, según los últimos datos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, duplicándose desde el 2007 el volumen de sanciones que se han puesto por las infracciones detectadas.
La economía sumergida mueve en Canarias cerca de 12.000 millones de euros, casi el 30% del PIB de las Islas, que supone poco más de 40.000 millones de euros. En este volumen de dinero se incluye tanto el fraude fiscal como el laboral. La proporción estimada por Hacienda es que el componente fiscal de la economía sumergida supone el 66,2% mientras que el 33,7% es el componente laboral, es decir, de cada 100 euros negros, 66 son por evasión fiscal y 33 euros son defraudados a la Seguridad Social.
Mientras el volumen de sanciones es mayor en la provincia de Las Palmas que en la de Santa Cruz de Tenerife, el negocio clandestino que aflora es mayor en la provincia occidental. Entre enero y septiembre de 2010 el importe de las sanciones fue de 6,2 millones de euros en las Islas tras un total de 22.210 actuaciones realizadas por la Inspección, de las que 2.806 acabaron con un acta de infracción y 5.070 trabajadores resultaron afectados por tener ingresos de forma clandestina. El volumen de negocios fraudulentos descubiertos por la Seguridad Social alcanzó los 37,7 millones.
Por provincias, en Las Palmas las sanciones se elevaron a 3,4 millones de euros, mientras que en Santa Cruz de Tenerife alcanzaron los 2,7 millones. En contraposición, el importe de los expedientes liquidatorios en la provincia occidental fue de 20,9 millones de euros mientras que en la oriental sumó los 16,8 millones de euros.
Comparativa
En comparación con 2007, el número de sanciones por defraudar a la Seguridad Social se ha duplicado. Según los datos de la Inspección de Trabajo, en 2007 se impusieron 3,2 millones de euros en sanciones, mientras que en 2008 esta cifra se elevó hasta los 4,5 millones, en 2009 la suma de multas llegó a los 5,8 millones y en nueve meses de 2010 alcanzó los 6,2 millones. Esto significa que cuando el Ministerio de Trabajo dé a conocer los datos completos de 2010 el volumen de sanciones de más se duplicará en relación a hace cuatro años.
Este importante incremento del fraude a la Seguridad Social es el que ha provocado un plan específico dado a conocer hace unos días por la Agencia Tributaria. De hecho, es la primera vez que la Agencia recoge el posible fraude en el cobro de prestaciones por desempleo entre sus objetivos anuales. El motivo reside en el acuerdo de colaboración firmado en 2010 con la Seguridad Social para descubrir fraude conjunto. El empresario que paga a sus trabajadores en negro o los obliga a facturar como autónomos sin serlo tiene muchas más posibilidades de evadir impuestos que si ingresa directamente la Agencia, argumenta Hacienda. El departamento competente para reclamar prestaciones de paro cobradas indebidamente o cotizaciones no ingresadas es el Ministerio de Trabajo.
El incremento de las inspecciones y de los controles sobre la economía sumergida no ha sido óbice para que este fenómeno haya crecido en paralelo a la agudización de la crisis económica. Sin embargo, los expertos consideran que han sido precisamente los ingresos procedentes de los trabajos clandestinos y en negro los que han evitado una crisis social de mayores dimensiones, ya que las prestaciones públicas son insuficientes para muchas familias que tienen que pagar hipotecas y otras necesidades básicas.
