La defensa del empresario José Miguel Suárez Gil dijo contar ayer con una oferta "oficiosa" por parte de los representantes legales de Josefina Navarrete con la que, al parecer, se pretendería llegar a un acuerdo respecto a los bienes que el primero pasó a nombre de su ex esposa durante los más de dos años que duró su convivencia. Un patrimonio que alcanzaría los siete millones de euros -mayoritariamente invertidos en bienes inmuebles- del que la abogada presuntamente pretendería hacerse con la mayoría mientras que el resto quedaría como garantía de la deuda de Navarrete ante Hacienda, según el letrado de Eduardo López.

Atendiendo siempre a esta misma fuente, Navarrete se habría visto obligada en las últimas semanas a regularizar su situación ante el fisco una vez que los acontecimientos, derivados de la denuncia por violencia de género que llevó a Suárez a prisión preventiva, dejaron al descubierto las operaciones de transmisión patrimonial y los fondos con los que "aparentemente se realizaron esas transacciones". La deuda de la abogada con la Agencia Tributaria alcanzaría aproximadamente el medio millón de euros, señala López Molina.

Ante esta circunstancia, a petición de los 4 hijos de Suárez Gil "que han visto usurpados sus derechos hereditarios", señala López Molina, Navarrete será requerida notarialmente para que hoy mismo manifieste su intención de restituir los bienes que le fueron transferidos. "Y no cabe duda de a quién pertenece ese patrimonio porque así lo admitió ella misma en su declaración ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria".

La negativa de la abogada ante el notario o su incomparecencia serviría a la defensa del ex diputado y ex presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas para presentar una demanda por lo que considera un "expolio" que rechaza "legitimar aceptando ese acuerdo". Desde el punto de vista de López ésta habría sido la causa de que "Suárez Gil se volviera loco el pasado 4 de enero y en una actuación deplorable amenazara [a punta de pistola] a la señora Navarrete".

López Molina calificó ayer, en una conferencia de prensa, de "farsa" la denuncia por violencia de género que, desde su punto de vista, ha quedado desinflada desde el momento en que la jueza, en un auto el pasado 16 de enero, no contempla el delito de detención ilegal que en un principio se le imputaba Suárez Gil junto al de coacciones y amenazas.

Por otra parte, el abogado hizo público un burofax que atribuyó a un envío de Navarrete a un empresario amigo de Suárez Gil el pasado lunes en el que con "palabras melifluas" se le advierte de los delitos en los que habría incurrido ante Hacienda con una transmisión de acciones por la que no se liquidaron impuestos.