La tercera y última prueba realizada la semana pasada al relé del avión de Spanair accidentado el 20 de agosto de 2008 en Barajas (Madrid), en el que murieron 154 personas, confirmó que presentaba un fallo intermitente, según informaron a Efe fuentes cercanas al caso.

El nuevo examen al relé -dispositivo que suministra electricidad al calefactor de la sonda de temperatura de la aeronave- fue solicitado al juez de Instrucción número 11 de Madrid, Javier Pérez, por la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 y en las mismas condiciones que tenía el día del accidente.

Este posible fallo coincide con el primer informe realizado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac), en agosto de 2009. En dicho informe, el relé respondía a temperatura ambiente y su bobina se activaba al aplicarle tensión, pero se desactivaba al disminuir la misma y, sin embargo, se detectó un "comportamiento anómalo" del relé con la bobina activada.

La tercera prueba del relé se llevó acabo entre el martes y el miércoles pasado en el Instituto Nacional de Técnica Aerospacial (INTA), en presencia del juez y de peritos de las partes personadas en la causa en la que de momento continúan como imputados dos técnicos de mantenimiento de Spanair.

El portavoz de la Asociación Sindical de Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico (Asetma), Antonio Lora, señaló que lo importante "es analizar las verdaderas causas del accidente para evitar nuevas tragedias" y dejar de buscar "responsabilidades individuales" que solamente "están respaldadas por grupos interesados".

Por otra parte, una delegación de la Asociación de Afectados, encabezada por su presidenta, Pilar Vera, asistirá los próximos días 28 y 29 en Washington (Estados Unidos) a la Conferencia Anual de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, en la que se reúnen familiares de víctimas de accidentes aéreos y agencias de investigación, de seguridad y de emergencias. Este año se hablará de la Circular 285 de la Organización Mundial de Aviación Civil, que cumple diez años y que recoge el tratamiento que se debe dar a las personas afectadas por una catástrofe del transporte.