El escenario es frustrante, señala el Catpe: de los 88 ayuntamientos canarios tan sólo 20 tienen aprobados plenamente sus planes generales de ordenación territorial. Tenerife adelanta a Gran Canaria en planes generales municipales aprobados ya que, en la primera, de 31 ayuntamientos ocho tienen su planeamiento adaptado a las leyes territoriales, mientras que en Gran Canaria de 21 municipios tan sólo dos han terminado sus deberes urbanísticos.
La situación de Gran Canaria queda reducida a los ayuntamientos de Gáldar y Valsequillos, los únicos que cuentan con sus planes adaptados definitivamente a las Directrices y han completado todos los pasos de la tramitación. En Lanzarote sólo Haría también cuenta con su plan general aprobado al cien por cien, mientras que en Fuerteventura ninguno de sus ayuntamientos ha culminado totalmente el proceso.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife la situación está más avanzada. En la isla de Tenerife ocho de sus 31 ayuntamientos han adaptado sus planeamientos a la Ley de Ordenación Territorial y de Espacios Naturales de 2000 y a las Directrices de Ordenación General y del Turismo de 2003. Son Buenavista del Norte, Candelaria, El Rosario, El Sauzal, Fasnia, Guía de Isora, Icod de los Vinos y La Guancha.
Avances
La isla más avanzada en sus planeamientos municipales es La Palma, ya que casi la mitad de sus ayuntamientos, 6 de 14, han finalizado el proceso de adaptación. Se trata de Breña Alta, Los Llanos de Aridane, Puntagorda, Puntallana, Tazacorte, Tijarafe. Se da la circunstancia de que el municipio de Barlovento no tiene plan general por dejación de competencias. Por su parte, en la Gomera hay tres municipios con planes generales aprobados de forma definitiva (Agulo, Hermigua y Vallehermoso), mientras que en El Hierro sus tres ayuntamientos no tienen sus planeamientos finalizados.
Este marasmo provoca "desconcierto" en los inversores y ralentiza la actividad económica precisamente cuando Canarias se sitúa como la comunidad con mayor tasa de paro y la mayor recesión de los últimos años. Ya en sí la puesta en marcha de un plan general de ordenación es un complejo proceso que depende de factores jurídicos y técnicos, por un lado, y de la composición política de la respectiva Corporación y su correlación de fuerza por otro.
A estos problemas hay que añadir la superposición de leyes sobrevenidas lo que, según el Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico, "da lugar a la imposibilidad de llevar a cabo, con el nivel de seguridad exigible, la implantación de muchas iniciativas que hoy más que nunca se revelan irrenunciables, so pena de penalizar una dinamización de los sectores económicos que de alguna forma dependen del territorio". Después de once años desde la aprobación de la Ley de Ordenación Territorial los ayuntamientos han sido incapaces de adaptar su normativa territorial a las leyes autonómicas.
