Se puede llamar prevaricación, tráfico de influencias, malversación o cohecho pero es, en definitiva, corrupción. Bien sea por la tardanza de la justicia o porque, efectivamente, el poder corrompe, lo cierto es que imputados hay en la gran mayoría de las listas electorales para el 22 de mayo. Una larga nómina en el caso de Canarias a la que los partidos se enfrentan de la misma forma que el anfitrión de una cena sienta a su mesa a un invitado incómodo pero necesario para amenizar la velada.

El sociólogo y politólogo Gonzalo Rodríguez explica que poco tiene que ver la situación judicial de un candidato con su capacidad de arrastre de votantes. "Los mecanismos de decisión del electorado tienen muy poco en cuenta si su candidato está o no incurso en un proceso penal. Sólo el votante de izquierdas es más reflexivo en este sentido, pero aun así la experiencia demuestra que en la confrontación política la evidencia no influye".

Ejemplos del poco "peso negativo" de imputaciones en los comicios hay varios en las Islas: Miguel Zerolo en Santa Cruz de Tenerife, Domingo González Arroyo en La Oliva o Francisco González en Mogán. Todos ellos no sólo ganaron elecciones después de estar imputados sino que lograron mayorías amplias o absolutas en cada una de sus circunscripciones.

Y si la situación judicial de un candidato no influye al electorado, ¿qué lo hace entonces?: "La credibilidad y la confianza que transmita", subraya Rodríguez. "Los elementos decisorios para optar por una papeleta u otra no son el resultado de una reflexión sino sentimental". En definitiva, pesa más la simpatía que despierte que el grado de corrupción que se le presuponga.

De ahí, pues, el poco interés de los partidos por deshacerse de sus respectivos sospechosos, aun a pesar de la carga ética que supone mantenerlos en las listas electorales.

Mañana lunes es el último día, según el calendario establecido por la ley, para presentar ante la Junta Electoral las candidaturas. Con el 90% de ellas con ese trámite ya solventado se puede asegurar que hay invitados incómodos en todos los partidos que más posibilidades tienen de obtener representantes a la Cámara regional así como en buena parte de los que optan a escaño en ayuntamientos y municipios.

Los casos Teresitas, Faycán, Góndola, Europa, Unión o Arenas han ocupado durante años las páginas de los periódicos y continúan pendientes en los tribunales de una resolución. ¿Es suficiente la sospecha para apartar a un candidato de las listas? Las posturas de los partidos son distintas y también ambiguas.

El PSOE, que reclama respeto a la presunción de inocencia, advierte que hay categorías entre las imputaciones. Las causas en las que están incursos los suyos, aseguran desde la dirección socialista en Canarias, corresponden al resultado del ejercicio de una responsabilidad pública.

"Un imputado no es un condenado", es la postura que defiende el líder del PP en Canarias y candidato a presidir el Ejecutivo regional, José Manuel Soria. Con esto como principio, y teniendo en cuenta que él mismo -a consecuencia de su enjuiciamiento por el caso Salmón- es puesto de ejemplo de persecución mediática y política por el PP nacional, Soria ha insistido en la necesidad de que se agilicen los procedimientos judiciales.

Sea como fuere e independientemente del grado o la gravedad de la imputación las listas están sembradas de ellos.

El PP mantiene como cabeza de lista a la Alcaldía de Telde a María de Carmen Castellano, imputada por presunta malversación de caudales públicos y cohecho en el caso Faycán, una de las supuestas mayores tramas de corrupción política que tocó de lleno a su partido a mediados de la pasada legislatura. Hijuela del caso Faycán es el caso Europa, en el que se investiga la comisión de un presunto delito de tráfico de influencias por parte del número ocho de la lista al Parlamento por Gran Canaria, Jorge Rodríguez. Encabeza la lista del Parlamento por La Palma María de Haro, sobre la que cae la sospecha de falsedad documental en la operación Catis mientras fue directora de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (Essscan).

Los populares mantienen en la cabeza de lista al ayuntamiento de Mogán a Francisco González, imputado por media docena de cargos en el caso Góndola; se añaden a la nómina el nacionalista Esteban Bethencourt, que a los quince días de la celebración de las elecciones será juzgado, por segunda vez (el primer juicio fue anulado) por malversación de caudales público, supuestamente en beneficio suyo.

En el listado de CC destacan sobre todo los alcaldes tinerfeños González Reverón y Valencia, imputados ambos por prevaricación y tráfico de influencias, o Miguel Zerolo. Sobre el aún alcalde de Santa Cruz de Tenerife pesa la sospecha de haber cometido varios delitos de corrupción en la caso Las Teresitas. Lo que diferencia a Zerolo con sus compañeros de filas es que, como actual miembro de la Cámara regional, disfruta del estatus de aforado y lo seguirá haciendo una vez que el comité político de Coalición Canaria en Tenerife lo incluyó en el cuarto puesto de la candidatura al Parlamento y su nombre se baraja entre uno de los tres designados en representación de la Comunidad Autónoma Canaria al Senado.

Por parte de PSC-PSOE son varios los alcaldes imputados por presuntos delitos de corrupción: Juan de Dios Ramos (Teror) en los casos Aguas de Teror y Abundio, una causa que toma el nombre de su hijo al que supuestamente benefició posibilitándole construir su casa en unos terrenos rústicos; González Cejas en el caso Granadilla; Macario Benítez en el caso Varadero junto a su teniente de alcalde y consejera insular Ana Lupe Mora, y José Dorta en el caso El Riquel.

A la nómina socialista hay que añadir al cabeza de lista al ayuntamiento de Tinajo, Carlos Espino, quien como responsable de los Centros Turísticos de Lanzarote pudo haber malversado fondos públicos.

Pendiente de que decida el juez Pamparacuatro, en Lanzarote están varios de los implicado políticos en la trama de La Unión. Leonardo Umpiérrez (PP), Fabián Martín (PIL) y Gla-dys Acuña mantienen una imputación que, hasta el momento, es solo policial.