La aplicación de la Ley de Aguas, que entró en vigor el pasado 31 de marzo, está pendiente de que el Tribunal Constitucional resuelva las discrepancias entre el Estado y la Comunidad Autónoma sobre los efectos competenciales a que aboca el texto. Así lo expresó ayer el presidente del Gobierno central, Rodríguez Zapatero, en el Senado ante la acusación de CC de que está incumpliendo el pacto sobre esta materia.
Con todo, Zapatero afirmó que "el reconocimiento de competencias" tiene ya consecuencias en la actuación del Estado y apuntó como ejemplo un requerimiento desde Canarias sobre un tendido eléctrico entre La Oliva y Playa Blanca.
