Los funcionarios de Canarias anuncian protestas en mayo

EFE El comité intercentros del personal laboral de la Comunidad Autónoma anunció movilizaciones para este mes de mayo en protesta por lo que consideran "un trato vejatorio" y un deterioro de los servicios públicos por parte del Gobierno de Canarias y un recorte de los derechos de los empleados públicos.

El presidente de este comité, Fernando Escrich, informó en rueda de prensa de la convocatoria el 9 de mayo de concentraciones frente a las sedes de la Presidencia del Gobierno de Canarias en la dos capitales canarias y la celebración de una manifestación el 20 de mayo, también en las dos capitales canarias.

Escrich dijo que el personal de la Comunidad Autónoma de Canarias ha sufrido unos recortes superiores al de otras administraciones públicas y criticó que se han realizado de forma unilateral sin que el Gobierno de Canarias haya querido negociar.

Además, advirtió de que muchos de estos recortes conllevan un deterioro de servicios públicos y señaló que en la Ley de Presupuestos de 2011 se ha procedido a recortar derechos que no tenían ningún contenido económico.

Entre ellos citó que no se compensen los días festivos que caen en días no laborables o que se suspenda la entrega de ropa de determinadas categorías laborales.

Respecto a los recortes que sí tienen impacto económico, Escrich comentó que además del 5 por ciento de reducción de los sueldos aplicado por el Estado, en Canarias también se ha recortado el porcentaje que iba destinado a un plan de pensiones, que sufragan los empleados públicos con su propio salario.

Ello, agregó el representante sindical, no ha ocurrido en el Estado ni en otras administraciones públicas de Canarias y consideró que se trata de un recorte social.

Miguel Ángel Vargas, miembro también del comité intercentros, señaló que si se quería sufragar el déficit que ha ocasionado el propio Gobierno de Canarias, se podían haber tomado otras medidas dentro de la propia Ley de Presupuestos, como reducir el número de altos cargos.

Además afirmó que el Gobierno canario se gasta entre 80 y 90 millones de euros en las licencias para utilizar los programas informáticos cuando el Ministerio de Justicia le ha ofrecido un sistema libre y gratuito.

Jesús Caballero, representante de UGT en este órgano, agregó que con el personal laboral la negociación era obligatoria y preceptiva porque así lo establece la ley y apuntó que la decisión del Gobierno de Canarias de proceder a recortes de forma unilateral está produciendo sentencias judiciales que "enmiendan la plana" al Ejecutivo autónomo.