Las organizaciones de dependientes no tienen dudas de que la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (ley de la dependencia), en vigor desde el 1 de enero de 2007, no se está aplicando en Canarias. Pese a las afirmaciones al contrario de la responsable actual de Bienestar Social, Inés Rojas, y del propio presidente del Gobierno y candidato de nuevo a la Presidencia por CC, Paulino Rivero, las cifras que mes a mes arroja en Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) no dejan dudas. Desde 2007 Canarias se ha mantenido a la cola del Estado en número de solicitudes, en el número de dictámenes aprobados desde la Comunidad Autónoma y en atención. Además de en dinero recibido por cuanto la financiación depende del número personas valoradas.
Mientras en estos cuatro años la comunidad canaria ha recibido del Estado para mayores dependientes y discapacitados 99,7 millones de euros, el País Vasco o Castilla-La Mancha, con una población similar a la insular, en torno a los 2,1 millones de habitantes, han ingresado 242, 3 millones la primera y 257 la segunda. Solo en el pasado año los vascos recibieron 50 millones más que Canarias. La causa, asegura fuerzas de la oposición y corroboran ONG como la Asociación de Alzheimer de Canarias, es la "mala gestión que se hace de la ley desde el Gobierno". De 100 solicitudes que se presentan en el resto del Estado se atiende a una media de 53, en las Islas a 27.
En solicitudes registradas la nómina de las Islas aparecen 36.877 y 30.806 dictámenes favorables. Atendiendo a la población el índice de respuesta a los discapacitados es del 1,74%, el 4,12 para los vascos y el 4,60 para los castellanomanchegos. No hay otra comunidad con un marcador tan bajo.
El Imserso registra en Canarias como beneficiarios de servicios a 10.376 personas a fecha 1 de mayo. Un cifra que, sin embargo, el Ejecutivo de Rivero eleva hasta 38.523 sumando a los beneficiarios que registra el Estado otros 30.000 a los que ya se daba servicios en las Islas a través de los cabildos.
En una guerra de cifras, Canarias critica que Madrid solo contabilice a los dependientes que reciben prestaciones económicas porque es lo gestiona directamente el Ejecutivo mientras que deja fuera a ancianos residentes en centros públicos, los usuarios de los centros de día o quienes reciben atención domiciliaria. Según defiende son 3.807 quienes reciben servicios de prevención a la dependencia y no 46 como dice el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad -el tercero que en cuatro años que se hace cargo de la aplicación de la ley-; tienen teleasistencia 0, dice Madrid, frente a los 5.677 que asegura Canarias; mientras 11.903 son beneficiarios de ayuda a domicilio por las cuentas canarias, por las estatales ninguno. Así sucede con las 7 prestaciones que contempla la norma.
José Luis Rodríguez Zapatero se cuidó mucho el pasado sábado de criticar al ejecutivo nacionalista toda vez que los dos diputados de CC sostienen al grupo socialista en el Congreso. El único reproche que salió de sus labios fue, precisamente, por la dependencia.
Una crítica a la que se han sumado los cabildos, especialmente el de Gran Canaria. Son quienes prestan los servicios de forma directa y quienes más sufren los recortes. Sospechan que el Ejecutivo no está poniendo la parte económica a que obliga la ley (50%), lo que les obliga a ellos, a su vez, a asumir más de lo que le corresponde.
Echan cuentas: Atendiendo a los presupuestos de la comunidad en la partida para mayores dependientes en 2010 se disponía de 30,7 millones y 30,8 este año. Para personas en situación de dependencia se presupuestó 63,9 en 2010 y 78 este año. De Madrid llegaron 35,5 millones en 2010 y se prevé que 5 más a lo largo de 2011. A esto hay que añadir el fondo de financiación autonómica del que un 80% son para el sostenimiento de los servicios esenciales.
