La investigación de Las Teresitas concluye que hubo maquinación para dar un pelotazo

La policía cree probado que la trama que generó plusvalías de 120 millones de euros se preparó entre los implicados de forma intencionada - Anticorrupción pretende calificar el asunto tras el verano

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Miguel Zerolo, el día en que prestó declaración en el TSJC. i JUAN CARLOS CASTRO
Miguel Zerolo, el día en que prestó declaración en el TSJC. i JUAN CARLOS CASTRO 
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  IMPUTADOS Y DELITOs .  Canarias

PEDRO GUERRA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Una trama político-empresarial puesta de común acuerdo con el objetivo de dar un pelotazo. Así es como ven los investigadores el 'caso Las Teresitas' después de cuatro años y medio de minuciosa investigación que está próxima a su fin. No fueron hechos independientes; hubo una maquinación entre los imputados y algunas personas que han declarado como testigos cuyo objetivo era conseguir plusvalías de más de cien millones de euros con la venta de los terrenos de la playa. El Ayuntamiento de Santa Cruz, con Miguel Zerolo al frente, jugó un papel fundamental, según la investigación. Los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, también. La lista de imputados de la Fiscalía Anticorrupción podría aumentar tras el verano.

La laboriosa investigación llevada a cabo en esta causa por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife junto a la fiscal María Farnés y bajo la dirección de Carla Bellini trata de dar las últimas puntadas a la presunta trama, bajo la premisa de que hubo una maquinación desde el inicio.

Los investigadores consideran que todo arranca en el momento en que la Junta de Compensación de Las Teresitas, con el abogado Mauricio Hayek como ejecutor, vende más de 300.000 metros cuadrados de suelo a Inversiones Las Teresitas, una mercantil propiedad de los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia. Todo ello a pesar de que, según recoge la fiscal María Farnés en su denuncia, Hayek no podía vender el suelo sin el permiso de los propietarios. El abogado actuaba además como agente doble, pues ha quedado acreditado a lo largo de la investigación que cobraba honorarios de los propietarios y vendedores del suelo y comisiones de González y Plasencia, los que pretendían comprar.

La Junta de Compensación vendió el 16 de junio de 1998 por 5.500 millones de las antiguas pesetas (poco menos de 33 millones de euros) la totalidad del suelo a Inversiones Las Teresitas a pesar de que la mercantil ni siquiera existía en ese momento como tal. El día anterior el Tribunal Supremo tenía señalado para votación y fallo una sentencia que confirmó derechos edificatorios hoteleros en el frente de playa, algo que se conoció 24 horas después de la venta y que revalorizaba el suelo. Desde luego, alguien filtró el resultado de la sentencia.

A la carrera

El 17 de junio de 1998, a la carrera, Inversiones Las Teresitas solicitó la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil. Ese mismo día, un testaferro de Antonio Plasencia, siempre según la teoría de Anticorrupción, abría una cuenta en CajaCanarias (entidad de la que Plasencia era consejero) para solicitar un crédito de alto riesgo al día siguiente por valor de 33 millones de euros. La entidad concede el crédito debido a la supuesta solvencia de los peticionarios, a pesar de que el testaferro de Plasencia era un peón de la construcción con un sueldo de 720 euros.

Tiempo después, el 23 de julio de 2001, el Ayuntamiento, con Zerolo al mando, compra el frente de playa por 52 millones de euros. Para ello, según recoge Anticorrupción en su denuncia, se burló no sólo un acuerdo plenario anterior que preveía recuperar esa zona a cambio de recalificaciones en el resto del suelo, sino que lo hizo el mismo día en que aparecía en escena la moratoria turística del Gobierno de Canarias. Esa moratoria habría imposibilitado a Inversiones Las Teresitas levantar un sólo bloque en la playa, justo el argumento que utilizó Zerolo para comprar los terrenos: impedir que se construya a la orilla de la señera playa tinerfeña.

Incluso recoge Farnés en su denuncia que, para colmo, el frente de playa era de dominio público, por lo que bajo ningún concepto se podía construir.

Finalmente, Inversiones Las Teresitas vendió la otra parte del suelo a una inmobiliaria por un valor aproximado de 90 millones de euros. Aún así, se quedó con otra pequeña porción de terreno convenientemente recalificado. En total, un pelotazo de 120 millones de euros en el que, según entienden los investigadores, tuvieron que ponerse de acuerdo la Junta de Compensación (con Hayek de agente doble), los empresarios, la entidad bancaria y el Ayuntamiento. Eso, sin entrar a valorar quién filtró la sentencia del Supremo, a lo que la policía no ha podido llegar con pruebas.

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