GREGORIO CABRERA
CC le ha brindado un paraguas a Miguel Zerolo para el chaparrón judicial que cae sobre su cabeza. El comité permanente de Coalición Canaria acordó ayer proponer al ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife y parlamentario regional como uno de los tres senadores que representa-rán a la Comunidad Autónoma en el Senado. La decisión definitiva será adoptada hoy en el pleno del Parlamento de Canarias, pero Zerolo ha dado en la práctica un paso casi definitivo para obtener la condición de miembro de la Cámara Alta y con ello de aforado, lo cual supondría un cambio cualitativo en su calidad de imputado en el caso Las Teresitas.
En este caso se lo acusa de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y cohecho por su presunta participación en una supuesta trama ilegal para obtener plusvalías de 120 millones de euros en la venta de los terrenos de la playa santacrucera. La causa pasaría del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al Tribunal Supremo y acarrearía un más que probable retraso en la apertura del juicio oral. Fuentes jurídicas calculan que la demora podría rondar los dos años.
CC necesitará hoy contar con los votos de sus socios del PSOE para sacar adelante su propuesta (los socialistas han anunciado que lo darán), aunque tampoco se descarta que el PP se sume a dar su respaldo al nombre de Zerolo en una votación prevista para las doce del mediodía. Sobre la mesa de la sede de CC en Santa Cruz de Tenerife había otros dos nombres junto al del antiguo edil de la capital tinerfeña. Eran los de la presidenta del partido y alcaldesa del municipio majorero de La Oliva, Claudina Morales, y el de la grancanaria María del Mar Julios. Sin embargo, finalmente se impuso la opción de Zerolo, sin duda alguna la más polémica por las repercusiones judiciales que entraña.
La investigación sobre los terrenos de Las Teresitas arran- có hace más de cuatro años y se encuentra en su fase final tras las pesquisas llevadas a cabo por la Brigada de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife junto a la fiscal María Farnés y bajo la dirección de la jueza de la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Carla Bellini. Con la ley en la mano, el hecho de que Zerolo sea senador supondría la pérdida de competencias de la fiscal y la jueza.
Inhibición
Cuando Zerolo tome posesión de su acta del Senado (algo que podría ocurrir esta misma semana), Bellini debería dictar un auto de inhibición en favor del Tribunal Supremo y tendrían que volar hasta Madrid los 45.000 folios del expediente de la causa principal (anexos aparte) para su examen. La inhibición también afectaría a la fiscal Farnés porque el Tribunal Supremo posee una Fiscalía adscrita. Sobre el papel está también la alternativa de que el Fiscal General del Estado opte por mantener la representación del Ministerio Público en la Fiscalía Anticorrupción y designar a Farnés en comisión de servicios para finalizar la instrucción.
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