La juez titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, María Victoria Rosell, tomó ayer declaración a los dos primeros imputados del caso Lifeblood en una jornada que se extendió durante más de ocho horas y en la que las personas citadas judicialmente dijeron esperar al pronunciamiento de la juez para hacer declaraciones.
Fue una jornada maratoniana la que vivieron ayer en los juzgados de la calle Granadera Canaria el administrador único de la empresa Lifeblood, Francisco Javier Jorcano Otero, y la exsecretaria técnica del Servicio Canario de la Salud Lourdes Quesada.
Ellos son dos de los tres imputados en la investigación que tiene como epicentro la advertencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de hemodiálisis de los hospitales Doctor Negrín (Gran Canaria) y Doctor José Molina Orosa (Lanzarote) a la empresa Lifeblood, por 124 millones de euros en cuatro años, designación que ahora se encuentra suspendida a la espera que se aclare el proceso administrativo.
Fue Jorcano el primero en entrar en el despacho de la juez Rosell en torno a las nueve y media de la mañana acompañado de su abogado, Pedro Padilla, y del fiscal anticorrupción desplazado desde Madrid hasta Gran Canaria, Luis Rodríguez Sol.
El representante del Ministerio Público informó, al concluir Jorcano con su testimonio tres horas después, de que no hablaría sobre los delitos advertidos por la juez Rosell: tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y malversación. Asimismo, Rodríguez precisó que, "por respeto a los imputados", no realizaría ninguna declaración ni valoración sobre lo escuchado en el despacho de la instructora.
Jorcano, por su parte, comentó que declararía ante los medios "a su debido tiempo". Lourdes Quesada, que había llegado al juzgado pocos minutos antes de las doce, debió esperar hasta la una y media para que la instructora le tomase declaración.
La exsecretaria se encontró con una batería de preguntas que la mantuvo en el despacho durante cuatro horas. Salió de los juzgados a las 17.30 acompañada de su abogada, una letrada del Servicio Canario de la Salud, sin querer hacer declaraciones hasta que, afirmó, "la juez se pronuncie sobre los hechos".
