La asociación de víctimas y familiares del accidente del vuelo JK5022 de Spanair en Barajas en agosto de 2008 solicitarán nuevas imputaciones en relación con la gestión del siniestro, aunque en este caso no con las posibles causas del mismo, sino con la aplicación del plan de asistencia a los heridos en el lugar donde el avión se estrelló. Así lo anunció ayer la presidenta de la asociación, Pilar Vera, una vez ratificado ante el juez el informe pericial que trata de demostrar la deficiente aplicación del Plan de Emergencias Aeronáuticas de Barajas el día del accidente y en el que se apunta al entonces director del aeropuerto, Miguel Ángel Oleaga, y al Ejecutivo de Servicio como responsables de esa mala gestión después del siniestro.
Vera aseguró que "se va a pedir ampliación de responsabilidades a quienes permitieron aquel caos", pero eludió identificar las personas a la que quiere sentar en el banquillo y sobre las que solicitará una ampliación de las imputaciones por parte del juez.
El informe explica en sus casi 200 páginas que hubo "descoordinación" en la gestión de los recursos internos y externos disponibles en el plan de emergencias del aeropuerto, así como "ordenes contradictorias" que produjeron "demora injustificada y relevante" en el inicio de la atención sanitaria. Subraya que la conducción de sanitarios y bomberos al punto del accidente fue "errática" y que la falta de indicaciones claras y coherentes generó un retraso en la llegada de estos medios al lugar del sinistro.
Según el informe, al menos siete personas murieron en los quince minutos posteriores al accidente, mientras que cinco de los 18 supervivientes sufrieron un agravamiento de su estado clínico respecto de la evolución que se habría experimentado si se hubieran atendido en el momento en que se inició el rescate.
