La sombra de un presunto delito de cohecho, por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de la recalificación de terrenos y la autorización de operaciones urbanísticas y de ingeniería, se cierne sobre el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo. No en vano, el Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián de La Gomera, informó ayer el diario La Gaceta, investiga el patrimonio, las cuentas bancarias, las acciones de un entramado societario, que incluye a un "hombre de paja", y el contenido de las cajas fuertes del también ex senador socialista. De hecho, su renuncia al escaño hace meses a cuenta de un escándalo nocturno en Madrid con la policía fue lo que habilitó a dicho juzgado a investigarlo, al perder Curbelo la condición de aforado.
Siempre según dicho diario, la investigación afecta también a su entorno familiar, empresarial y político y, de hecho, se indaga en la actividad financiera entre el año 1998 y la actualidad igualmente de la mujer de Curbelo, Remedios, de sus hijos -Casimiro Adays, María y Almudena- y las empresas de la familia: Argamul Gomera, Chewy West y Caculago Gomera.
Las diligencias previas apuntan, en particular, a cuatro operaciones urbanísticas, denominadas El Lamero, Las Petroleras, El Mechal y Travesía de Hermigua. A través de éstas el presidente del Cabildo podría presuntamente haberse embolsado al menos dos millones de euros a cambio de recalificaciones. En los citados informes de la Guardia Civil y la Fiscalía se hacen continuas referencias a "extrañas operaciones mercantiles" o sin "ninguna lógica comercial".
'Operación Telaraña'
Las pesquisas judiciales actuales son la consecuencia de los informes policiales derivados de una orden de investigación sobre Curbelo y su entorno del mencionado juzgado en 2009. La operativa investigadora, que recibió la denominación de Operación Telaraña el posterior informe que sobre lo recabado por los medios policiales elaboró la Fiscalía Provincial de Tenerife estaban terminados con apreciación de "indicios de cohecho" en febrero de 2010.
La Fiscalía envió dichos informes al juzgado el pasado 10 de mayo, un mes antes del escándalo de ex senador en Madrid, advirtiendo que, debido a su entonces condición de aforado, no podía investigarlo sino todo lo más remitirlo al Tribunal Supremo, con la consiguiente dilación del procedimiento. Pero, tras la dimisión de Curbelo, el Juzgado gomero se vio con vía libre. Y, de hecho dos días después de la citada dimisión, el pasado 20 de julio, la Fiscalía Provincial autorizó al juzgado a instruir la causa contra el también líder histórico del PSOE de La Gomera y pidió, además, que se le tomase "declaración como imputado".
