El fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, ha decidido levantar las peticiones de cárcel para todos los imputados del caso Icfem, que pasan ahora a quedarse tan solo en una petición de inhabilitación especial para el desempeño de cargo o empleo público para cuatro de ellos y el sobreseimiento de la causa para los otros dos de los seis imputados inicialmente.
Después de más de tres años de revisión del caso, desde que la Audiencia Provincial de Las Palmas ordenara la práctica de una nueva prueba pericial consistente en una auditoría de todo lo ocurrido en las cuentas del desaparecido Instituto Canario de Formación y Empleo (Icfem), Anticorrupción modifica ahora la petición de condena, que inicialmente estaba en cinco años de prisión para cada uno de los imputados por la supuesta comisión de dos delitos: falsificación de documentos públicos perpetrado por funcionario público y prevaricación administrativa, además de una multa de 8.000 euros, y ahora les acusa de un presunto delito continuado de prevaricación administrativa.
De los seis imputados iniciales por sus actuaciones al frente del Icfem entre julio de 1995 y julio de 1997, sólo quedan cuatro. Anticorrupción solicita así la apertura del juicio oral para el consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias durante aquella época, Víctor Manuel Díaz Domínguez, y tres de los cinco directores del Icfem de aquel periodo: Francisco Vicente Almeida Ossa, Aurelio Ayala y Diego Miguel León Socorro. Para los encartados Francisco Zumaquero y Tomás Quesada de Saa la Fiscalía solicita ahora el sobreseimiento provisional de la causa.
La imputación que hace Anticorrupción tiene que ver con la actuación de los cargos públicos al frente del Icfem, un instituto que tenía una función análoga a que ostenta el Servicio Canario de Empleo (SCE), y que tenía las competencias para celebrar convenios de colaboración, conceder ayudas y subvenciones.
En el nuevo escrito de acusación formulado por el fiscal delegado de Anticorrupción, Luis del Río, se observa cómo los responsables del Icfem concedieron numerosas subvenciones a empresas cuyo destino era la formación de trabajadores y la realización de cursos que no llegaron a justificarse al no existir mecanismos para controlarlos.
En el documento, Anticorrupción mantiene que "todos los acusados, en relación con los fondos públicos gestionados por el Icfem para promover actividades formativas y de inserción laboral, conscientes de su ilegalidad, dictaron varias resoluciones administrativas contrarias al ordenamiento jurídico, incurriendo en numerosas arbitrariedades constitucionalmente vetadas a la actuación de los poderes públicos y en otros casos dejaron de dictar las correspondientes resoluciones administrativas, con plena conciencia de que la legislación vigente se las exigía".
Asimismo, recoge sesiones del consejo de administración en que se tomaban decisiones como homologar centros "sin la exigible resolución previa" y "sin la preceptiva comprobación de requisitos" o "poder variar con completa arbitrariedad, y a su libre antojo, los porcentajes de inserción laboral convenidos [...]. Por ende, los objetivos de tales subvenciones iban a quedar en simple papel mojado".
