Las principales líneas del presupuesto del Gobierno canario destinado a políticas sociales se mantienen en 2012, caso de la renta canaria de inserción, la dependencia, la atención integral al menor o el plan concertado de servicios sociales. Sin embargo, algunas partidas sí sufren los rigores de la crisis, sobre todo aquellas destinadas a las prestaciones básicas para apoyar la acción social de los ayuntamientos y otras ayudas sociales dirigidas a organizaciones no gubernamentales y asociaciones sin ánimo de lucro.
Las prestaciones y otras ayudas sociales sufren un descenso del 34% en el presupuesto de 2012, lo que supone pasar de 8,2 millones de euros a 5,4 millones. Los ayuntamientos y sus organismos autónomos se nutren de fondos del Ejecutivo a través de varios programas y líneas de actuación, entre ellas el plan concertado de servicios sociales, las prestaciones básicas, los programas de acción social o el apoyo a la Ley Canaria de Inserción. Son las prestaciones básicas las que se ven mermadas, entre otras razones por la eliminación de las ayudas que estaba dando la Comunidad Autónoma a los ayuntamientos para la emergencia social.
En relación con las subvenciones y ayudas a las entidades y colectivos sociales, se mantienen las restricciones iniciadas en el presupuesto de este año y que han supuesto un serio revés para las ONG y asociaciones que trabajan con colectivos y grupos. En el presupuesto destinado al fomento de la inclusión social se suprime la acción social institucional para la integración social, de la que se beneficiaban ayuntamientos, instituciones sin ánimo de lucro y fundaciones. También caen algunas partidas de otros programas de integración social.
La segunda partida que más cae en las políticas sociales es la prevención e intervención en el área del Menor y la Familia, que pasa de 36,8 a 34,3 millones, es decir, una bajada de 2,5 millones de euros.
