En medio de la polémica del Gobierno de Canarias de recortar las ayudas a las escuelas infantiles municipales, los centros privados claman también auxilio. La Federación de Centros Infantiles de Canarias reivindica al Ejecutivo regional que extienda la concertación educativa paulatinamente a los centros ya autorizados, en este ciclo, empezando por el nivel 2-3 años, en el curso 2012-2013.
Ello supondría una "muy pequeña" inversión de 300.000 euros en relación con los más de 1.600 millones de euros para Educación en el Archipiélago, alega la Federación, formada por Acinte (Tenerife), presidida por Marina Amador, y Aceilas (Las Palmas), dirigida por María Jesús Vera. No descartan convocar una huelga si el Gobierno no atiende sus demandas.
Coste económico
Advierten de que si no se ayuda "inmediatamente" a estos centros peligrarán los puestos de trabajo de más de 2.000 trabajadoras que prestan sus servicios en ellos, ya que podrían cerrar, y dejaría a más de 20.000 niños sin plaza.
Según Acinte, hay alrededor de 400 escuelas infantiles privadas en las Islas, de las que únicamente 45 han sido autorizadas por la Consejería de Educación por cumplir los requisitos exigidos por la Administración. Otros 61 centros están "en trámites" y el resto pendientes de ajustarse a la normativa.
La presidenta de Aceilas explicó que la administración prorrogó el plazo para que las guarderías cumplan las condiciones necesarias para convertirse en escuelas infantiles para niños de cero a tres años -tres años para la adaptación de infraestructuras y cinco para la formación del personal-. Sin embargo, argumentaron que la coyuntura económica imposibilita la adaptación de los centros, que deben asumir este coste añadido. "Se nos obliga a tener unos requisitos dentro de la Consejería, pero no tenemos ningún tipo de ayuda de las administraciones públicas para estas microempresas, de 4 o 5 trabajadoras, que dan un servicio público", lamentó Vera, que insistió en que en estas instalaciones se da "la misma educación que en una escuela infantil pública".
La presidenta de Acinte, Marina Amador, agregó que "al incrementarse los costos por tener que reducir el número de niños por centro las cuentas no cuadran". "Queremos seguir prestando el servicio porque es una necesidad social", apostilló.
