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El TSJC censura la ´inseguridad jurídica´ de la moratoria

Una sentencia del alto tribunal resalta la "absoluta falta de rigor" de la Ley de Medidas Urgentes

 
El magistrado Javier Varona, durante la vista oral de juicio. i LP / DLP
El magistrado Javier Varona, durante la vista oral de juicio. i LP / DLP 

A. RAMÍREZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sostiene que los procedimientos que dispone la Ley de Medidas Urgentes de Ordenación del Territorio de 2009 para los suelos afectados por la moratoria turística generan una "indeseada inseguridad jurídica". Según señala el alto tribunal canario, esta normativa regional presenta una "muy deficiente técnica legislativa" y "conceptos y categorías arbitrarias" que terminan produciendo esta situación.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC emite esta valoración en su resolución de la demanda presentada por la entidad Técnicos y Servicios Insulares SL, en la que reclamaba una indemnización de 12,7 millones al no poder edificar en una parcela de la Ampliación de Costa Calma, en el municipio de Pájara, Fuerteventura.

La sentencia, cuyo ponente es el magistrado Francisco Javier Varona, muestra su "clara perplejidad" por el "extravagante" método utilizado para modificar el uso del suelo turístico afectado por la moratoria a suelo rústico protegido, con el cobro de una indemnización, para que en el siguiente planeamiento pasados cinco años "imperativamente" vuelva a ser urbano.

"Repugna al sentido común y a la lógica del sistema la creación de un suelo rústico de protección asfaltado, con aceras y alumbrado, posiblemente rodeado de construcciones, durante un determinado periodo, para terminar retornando a su condición anterior de suelo urbano", se expone en el fallo de los magistrados Varona y Alfonso Rincón, quienes subrayan la "absoluta falta de rigor" de la denominada segunda moratoria y la imposición legal que tienen de plantear "una fórmula interpretativa" para su cumplimiento y para "el respeto de los derechos individuales afectados".

La sentencia del TSJC estima parte del recurso de Técnicos y Servicios Insulares SL, por entender que tiene derecho a que se reclasifique su parcela como rústica, pero no le concede directamente la indemnización que demandaba también por silencio administrativo, sino que ordena al Ejecutivo regional que inicie el procedimiento para determinar su cuantía.

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