El Ayuntamiento de Santa Cruz acusa a los dueños de Inversiones Las Teresitas (ILT), Ignacio González y Antonio Plasencia, de haber creado una empresa tapadera para enriquecerse con la operación de compra y venta del frente de la playa. En la demanda que la corporación presentó ayer en el juzgado exige la devolución del dinero de la compra de los terrenos (74,6 millones) y responsabilidades a los empresarios Plasencia y González.
El Ayuntamiento denuncia que ellos son los socios y administradores de una entidad que "es en realidad una vestidura jurídica artificiosa", pues "no ha tenido ninguna otra actividad" que la compra primero y la reventa después de los terrenos de Las Teresitas.
El Consistorio reclama a los empresarios en la demanda de reconvención presentada ayer en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santa Cruz una cantidad total de 74,6 millones de euros. Además de exigir que Plasencia y González Martín devuelvan los 53 millones que se pagaron por los terrenos del frente de la playa en la operación de compraventa anulada por el Tribunal Supremo, la corporación pide otros 21 millones en concepto de intereses e indemnización por daños y perjuicios.
La demanda de reconvención es el recurso que ha utilizado el Ayuntamiento para contestar a la reclamación que pusieron en primer lugar por la vía civil los empresarios Plasencia y González. ILT presentó a finales del mes de octubre una demanda en la que pedía 116 millones de euros a la corporación local. Los empresarios se acogían a su derecho a reclamar por el lucro cesante al no poder construir en el frente de Las Teresitas desde que en 1998 adquirieran 11 parcelas.
Los propietarios de Inversiones Las Teresitas consideran que se han visto perjudicados al haberse cambiado el Plan General de Ordenación y no ser posible ya construir en unos terrenos cuya compra fue anulada por el Tribunal Supremo en el año 2007.
Sin embargo, el Consistorio en su demanda, redactada por sus servicios jurídicos, deja claro que no pagará "ni un solo euro" a Inversiones Las Teresitas y que se opone a las "pretensiones" de los empresarios. "ILT no solo reclama quedarse con el precio que cobró por la venta anulada (53 millones de euros), sino que además pide una cantidad adicional (63 millones), porque según la entidad dicha suma es el valor que tenían los terrenos que vendieron al Ayuntamiento", indican fuentes municipales.
La corporación local considera infundada dicha exigencia al argumentar que en ningún caso la restitución de lo que se entregaron las partes en la compraventa anulada arrojaría un saldo favorable a Inversiones Las Teresitas, sino en todo caso al Ayuntamiento. Según los técnicos municipales, en el supuesto más favorable para los vendedores, resultaría un saldo a favor del Consistorio de 66 millones de euros.
