El Gobierno canario ha decidido cerrar parcialmente el presupuesto de 2011 para no quedarse sin liquidez y poder pagar sus compromisos, entre ellos las nóminas del personal, el pago de las facturas pendientes a los proveedores y los gastos corrientes de los servicios públicos esenciales. El freno a la generación de nuevos gastos persigue también evitar desviaciones al alza del déficit público por encima del 1,3%, límite impuesto por el Estado y Europa. Por ello, la Consejería de Economía y Hacienda ha calificado esta decisión de "medida preventiva".

Con este cierre no se pagarán hasta enero las facturas que se presenten a partir de ahora y no se adquirirán nuevos compromisos de gasto hasta el 31 de diciembre. Se trata de un cierre parcial del presupuesto de 2011, una decisión que ya se adoptó el año pasado aunque en aquella ocasión el cierre fue general ante la evidencia de que Canarias no iba a cumplir el objetivo de déficit público.

Las graves consecuencias que puede acarrear el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria impuesta por el Estado y la Unión Europea ha empujado al Ejecutivo regional a frenar los gastos a cinco semanas del cierre del ejercicio ya que, en caso de exceder el déficit, la Comunidad Autónoma se vería en la tesitura de no poder endeudarse el próximo año, lo que ocasionaría el colapso de los servicios públicos por no haber fondos para gestionarlos.

El portavoz del Gobierno, Martín Marrero, reconoció ayer que si no se frena el pago de las facturas y se adquieren nuevos gastos se puede superar el déficit permitido, por lo que se ha decidido paralizar todos los nuevos compromisos hasta que entren en vigor los presupuestos de 2012.

Desde el sector empresarial se ha recibido con preocupación la medida del Gobierno ya que varios de los sectores que trabajan con la Administración autonómica han recibido la confirmación de que las deudas pendientes no se pagarán hasta 2012. Es el caso de las empresas de equipamientos sanitarios, de las clínicas privadas o de las empresas de servicios y limpieza, que se quejan de las demoras en el pago de las facturas y de que las dificultades del Gobierno están impactando de forma negativa en los puestos de trabajo de estas empresas que prestan servicios a la Administración.

El presidente de la Asociación de Empresas de Equipamientos Sanitarios, José María Pérez Rivero, advirtió ayer que el Gobierno acumula una deuda con el sector de unos 7 millones de euros y ya le han advertido que se pasará a 2012, sin compromiso alguno de que se la vaya a abonar en su integridad. "Estamos asustados y vendemos menos", añade Pérez Rivero.