Mil millones de euros de inversión y más de 15.000 empleos pendientes esperan una solución en Gran Canaria desde hace diez años, aunque en algunos casos se superan las dos décadas. Se trata en la mayoría de los casos de proyectos vinculados al turismo y al comercio que han sufrido los múltiples problemas a los que se ha visto sometida la legislación sobre el suelo.

Tres de estos proyectos buscan convertir a Gran Canaria en un punto estratégico del turismo náutico y deportivo. Destacados grupos empresariales como son Satocan, Santana Cazorla y Lopesan planificaron puertos deportivos en la costa turística del sur de la Isla vinculados a urbanizaciones y, en dos de los casos, a campos de golf para cualificar la oferta turística. Estos empresarios aseguran que la generación de empleo estimada está en esos 15.000 puestos. Bahía Feliz, Meloneras y Tauro son los enclaves de estos proyectos que desde los años 90 pululan por los despachos sin que hayan obtenido aún todas las bendiciones de cuatro administraciones públicas diferentes: Costas (Estado), Comunidad Autónoma, Cabildo de Gran Canaria y ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Mogán.

Dos centros comerciales emblemáticos para el Sur turístico y el Norte de la Isla también esperan en el laberinto administrativo. El Sur, huérfano de un área comercial cualificada, cuenta todavía con el compromiso de El Corte Inglés de instalarse allí. Asimismo, el Norte lleva más de 20 años con la intención de contar con un centro comercial similar a los que abundan en la capital, Telde y Vecindario, pero esta zona de la Isla está gafada y los responsables de las instituciones no han sido tan diligentes para resolver esta importante inversión.

Los empresarios e inversores están cansados de esperar y han salido públicamente al unísono para denunciar la situación ante el panorama desolador de caída de la inversión pública que se espera para el próximo año. El ex presidente de la patronal y del Círculo de Empresarios, Alberto Cabré, es rotundo: "El Gobierno debe hacer todo lo que está en su mano para resolver esto". Por eso exige derogar leyes, modificar reglamentos y rescatar competencias municipales e insulares para desatascar una situación que está enquistada y que puede dar al traste con algunos de estos proyectos, como ya han amenazado los inversores recientemente.