El Tribunal Supremo ha emitido en los últimos 19 meses once sentencias por pleitos que empresas y particulares iniciaron contra la Comunidad Autónoma al considerar lesionados sus derechos con la promulgación de las Directrices de Ordenación General y de Ordenación del Turismo de Canarias de 2003. Todas ellas resultaron favorables a la Administración, que de ese modo se ha ahorrado tener que pagar 876 millones de euros.
El proceso de confrontación se inició en 2004, año siguiente al de la entrada en vigor de la moratoria turística que se deriva de la citada ley de directrices. En total fueron 16 las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se presentaron ante el Gobierno de Canarias.
La base de todas esas reclamaciones eran los supuestos daños y perjuicios que la ley había generado en el patrimonio de las personas y entidades que iniciaron el pleito contra la comunidad autónoma.
Del total de reclamaciones presentadas, diez tenían su origen en propietarios de suelos radicados en Gran Canaria. Fuerteventura fue la siguiente isla más afectada, con cinco reclamaciones, mientras que la restante pertenecía al propietario de una parcela de Tenerife.
Ninguno de los expedientes tuvo resolución por parte del Ejecutivo, que también negó la posibilidad de admitir las reclamaciones por el silencio administrativo. Solo cinco litigantes quedaron entonces en el camino, el resto -once- decidieron acudir a los tribunales.
Todos los casos recayeron en la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y se resolvieron entre marzo de 2008 y julio de 2009.
Hacia el Supremo
En seis ocasiones la Justicia de las Islas estimó, aunque de manera parcial, las reclamaciones de los demandantes, mientras que en las otras cinco dio la razón al procedimiento seguido por la Administración. Ni la una ni los otros se dieron por satisfechos y decidieron que los casos continuaran ascendiendo en la pirámide procesal.
La decisión tomó forma en once recursos de casación que hubo de dirimir el Tribunal Supremo. Son las once sentencias favorables en su integridad a la Comunidad Autónoma que han supuesto el ahorro de 876 millones de euros.
La más cuantiosa de las reclamaciones desestimada por el Alto Tribunal ahorra a las arcas públicas 185,5 millones de euros, mientras que la menos lesiva para la Hacienda pública pretendía una indemnización de 6,1 millones de euros.
El proceso no está cerrado del todo. Varios de los empresarios que se consideran perjudicados por la normativa sobre ordenación del territorio de Canarias y que ya han recibido las sentencias han manifestado su intención de continuar el periplo judicial en el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, se muestra seguro de que los casos no prosperarán en ninguna de las dos instancias.
