El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Galván, ha citado a declarar en calidad de imputado al ex presidente del Gobierno de Canarias Lorenzo Olarte por un presunto delito de tráfico de influencias. Según la investigación realizada, Olarte utilizó supuestamente sus influencias políticas en varias instituciones canarias y con dirigentes de los tres partidos para llegar a obtener contratos públicos.
Olarte acudió a los juzgados situados en la calle Granadera Canaria en la mañana del pasado miércoles, donde declaró ante el juez Galván por unos hechos que destapó la investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción de Tenerife en el marco de la operación Hubara, la presunta trama de financiación ilegal del Centro Canario Nacionalista (CCN).
El ex presidente del Gobierno regional se niega a hacer declaraciones sobre el interrogatorio que mantuvo en sede judicial, aunque en su momento sí aseguró que no había cobrado nada del poder desde que lo abandonó hace ya doce años.
Sin presiones
En las declaraciones que realizó, Olarte aseveró que "ni he tenido ningún tipo de contactos, ni tengo capacidad de presionar porque estoy fuera del poder. No tengo nada que ver con los jardines, solo tengo el de mi casa". Sus palabras incidían en la sospecha, derivadas de las intervenciones telefónicas que sufrió, de que pedía adjudicaciones de contratos públicos relacionados con jardines a numerosos cargos del Archipiélago.
Los indicios de la comisión de un presunto delito por parte de Olarte, llevaron a la fiscal delegada de Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, a solicitar a la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la capital tinerfeña, María de Lorenzo Cáceres Farizo, que investigase al ex presidente, todo ello dentro de la operación Hubara que dirige. Sin embargo, dictó un auto de inhibición en favor de los juzgados de Las Palmas y remitió el informe de Anticorrupción acompañado de veinte tomos con las transcripciones de las conversaciones telefónicas intervenidas y los correos electrónicos interceptados.
Fue el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria en el que recayó el informe mediante reparto.
La petición de Farnés solicitaba a la Justicia que investigase si Olarte incurrió en un fraude de subvenciones al usar ayudas públicas para fines "particulares".
Las conversaciones que el ex presidente del Gobierno mantuvo tuvieron a varios interlocutores. Entre ellas, destacan las mantenidas con el diputado del congreso y líder del PP, José Manuel Soria; el consejero socialista de Presidencia y Justicia, Francisco Fernández, y el consejero de Ordenación del Territorio de CC, Domingo Berriel.
