La recepción de cartas anónimas de una misma persona en las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife y la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en Las Palmas de Gran Canaria, revelaron los principales detalles sobre las presuntas irregularidades en la compra-venta de los terrenos de Las Teresitas y otras actividades del empresario Ignacio González Martín y su entorno. Según los investigadores, estos escritos fueron "decisivos" para el desarrollo de la investigación. Gracias a estas misivas, los agentes de la Policía Judicial hallaron abundante información (72.800 documentos) en un piso a nombre de la familia González sobre el pelotazo de la playa chicharrera y la financiación supuestamente irregular del CCN que también investiga la Justicia en una pieza separada.
En la segunda carta, el confidente señala que el peón Felipe Manuel Armas, presunto testaferro de Ignacio González, acude a la prisión Tenerife II para visitar a una ciudadana colombiana llamada Francia Elena A. R., que había sido condenada por tráfico de drogas en 2004 y a la que había conocido en La Palma. Los agentes creen que el autor de las misivas filtró este dato para demostrar su conocimiento de los hechos.
El anónimo expone en el primer escrito, enviado el 6 de noviembre de 2006, que el peón era apoderado de diversas sociedades de la familia González y jugó un papel esencial en la operación al inscribir a su nombre, el 17 de junio de 1998, la sociedad mercantil Inversiones Las Teresitas (ILT) con un capital de 15 millones de pesetas.
Hombre-tapadera
En realidad, quienes estaban detrás eran Ignacio González y Antonio Plasencia, pero el primero lo utilizó porque era miembro del consejo de administración de CajaCanarias, la misma entidad a la que ILT solicitó el 18 de junio de 1998 un crédito de 5.700 millones de pesetas para adquirir los solares de Las Teresitas a la Junta de Compensación. No podría haber votado en el consejo de haber figurado su nombre al frente de la empresa.
En esa primera misiva, el confidente añade que los empresarios de ILT guardan "información relevante" sobre sus relaciones con políticos, técnicos municipales y periodistas en la sede social de ILT, un piso de la calle de La Rosa, número 4, de la capital tinerfeña. "El relato detallado de la ubicación de estos archivos en la vivienda, así como de cajas fuertes y vías de acceso al inmueble, hace pensar a los investigadores que el informador es una persona con un elevado y directo conocimiento de las actividades de los empresarios", dicen las diligencias.
Cinco meses más tarde, el 20 de abril de 2007, aparece otra carta anónima, aparentemente de la misma persona, en la que advierte de que los empresarios han dado orden de trasladar los archivos del piso de la calle de La Rosa a otro de la calle Villalba Hervás, número 6, también en Santa Cruz de Tenerife y a nombre de la familia González.
Los agentes alargan la vigilancia en ambos domicilios durante varios días, por la mañana y hasta de madrugada. La mañana del 28 se pone en marcha el principal operativo. Desde primera hora había policías apostados en los alrededores de ambas viviendas. En la de la calle de La Rosa observan "un inusual movimiento de personas, las cuales acuden caminando precipitadamente y efectúan múltiples llamadas telefónicas", según el parte policial.
La principal actuación se produce en el "piso clandestino" de Villalba Hervás. Cuando los agentes acceden a él, Felipe Manuel Armas se encuentra en su interior, frente al ordenador, con la impresora escupiendo papeles. El peón aclara que realiza trabajos de contabilidad y se niega a precisar para quién. Su actitud fue de "total nerviosismo" durante el registro. "Fuma compulsivamente y oculta a los investigadores los motivos que lo llevaron al inmueble", matiza el informe de la intervención.
Desde el primer momento, los agentes confirman que se trata de una "oficina clandestina" en la que se desarrolla "una doble contabilidad de las empresas que tendría como finalidad la ocultación de actividades presuntamente ilícitas". La vivienda no tiene línea telefónica y las cajas con documentos se amontonan, de tal modo que da la sensación de que las han llevado hasta allí en fechas recientes y de un modo precipitado.
Los policías requisan 72.800 documentos. El llamado Equipo de Auxilio Judicial encuentra papeles sobre movimientos de divisas de la familia González y sus empresas a varios países (Marruecos, Francia, Senegal, Cabo Verde y Estados Unidos).
Arte y antigüedades
También se hallan facturas de compra-venta de objetos de arte, de colección y de antigüedades por importe de 142.000 dólares, siempre según el sumario. Aparece abundante documentación sobre la operación de Las Teresitas y supuestos desvíos de capital hacia el CCN en forma de facturas, partido que lidera Ignacio González Santiago, hijo del imputado Ignacio González Martín. Por ello se abre una pieza separada de investigación al caso Las Teresitas que hoy sigue en curso.
El confidente llega a enviar un cuarto escrito. Vuelve a insistir en la importancia del peón y lo señala como la persona que gestionó todos los asuntos sucios de la compra-venta de los terrenos de la playa. "Estimada señora Bellini: siguiendo con las referencias del proceso de Las Teresitas, paso a exponerle los siguientes puntos", escribe en el inicio de la misiva. Detalla que "la persona más débil para el interrogatorio" es Felipe Manuel Armas, que algunas gestiones se hicieron a través de una entidad financiera radicada en Nueva York y que parte de la supuesta evasión de capitales de los González se hizo en Senegal.
Y concluye el confidente: "Nunca hagan públicas estas cartas puesto que mi vida correría peligro. Ustedes desconocen la peligrosidad de lo que estoy haciendo. Mucho habría que hablar de cómo fraguó el patriarca su fortuna en Venezuela".
