El Gobierno canario "potenciará" en 2012 las medidas de contención del gasto público aplicadas ya con éxito en este año. El Ejecutivo regional acordó ayer un aumento del control sobre gastos de bienes y obras vinculadas a telecomunicaciones, patrimonio y publicidad institucional.
El portavoz del Gobierno, Martín Marrero, resaltó entre las acciones a reforzar: el objetivo de ahorro del 15% en el alquiler de inmuebles, un 5% superior al impuesto este año; la reducción del 25% en el coste energético en los edificios públicos respecto a la facturación del ejercicio de 2010.
El acuerdo tomado por el Consejo de Gobierno dispone también la revisión de las líneas de telefonía móvil asignadas con el objetivo de restringir las terminales solo al personal que carezca de ubicación permanente y al que deba estar localizable de forma permanente. Además, en la contratación de software se procurará la adquisición de herramientas de licencia libre o estándares abiertos.
Marrero indicó que se mantienen las restricciones en cuanto a horas extraordinarias, el uso de vehículos oficiales, la racionalización en papelería e impresión -potenciando el formato digital-, así como las limitaciones de los viajes entre las islas para reuniones de trabajo.
El portavoz del Ejecutivo regional señaló que en los últimos 12 meses se han ahorrado 1.250 millones con un paquete de medidas que prácticamente es el que se ha renovado. "Este éxito convierte a Canarias, según datos oficiales de la administración estatal, en la comunidad autónoma que más ha reducido su capítulo de gastos corrientes", resaltó Marrero.
El portavoz del Gobierno señaló que habrá que esperar a la ejecución presupuestaria para conocer la cuantía del ahorro que se alcance con la renovación y potenciación de estas medidas de contención del gasto público que ya se aplican desde este año en la administración autonómica, organismos públicos y sociedades mercantiles.
No obstante, el proyecto de ley de los presupuestos para 2012 prevé un leve aumento en el gasto corriente a causa del mayor coste en los servicios educativos y sanitarios.
