La Federación Canaria de Municipios (Fecam) dice sí al proyecto para la reforma de la ley del territorio que tiene el Gobierno de Canarias encima de la mesa y espera remitir al Parlamento la próxima primavera. Sí "sin lugar a dudas", señaló ayer el presidente de la Fecam, Manuel Plasencia, "si supone simplificar los trámites y evitar el calvario de informes al que nos vemos obligados ahora para la elaboración del planeamiento, muchas veces sin motivo ni argumentos para tanta burocracia".

La nueva Ley de Armonización del Territorio reducirá al mínimo la exposición pública de los planes generales y suprimirá los informes técnicos y jurídicos de ayuntamientos y cabildos. El objetivo: recortar de cinco años de media a un máximo de uno y medio el tiempo que en la actualidad se invierte en la tramitación del planeamiento urbanístico, según ha anunciado el consejero de Obras Públicas y Política Territorial, Domingo Berriel.

Desde el punto de vista de los equipos redactores, la meta, al menos profesionalmente, es asumible. El presidente de la Asociación de Derecho Urbanístico (Acadur), Juan José Santana, asegura que incluso con la actual legislación la tramitación de los planes urbanísticos podría estar concluida en un plazo inferior a cinco meses "el problema reside en la voluntad política para impulsar los temas. Los tiempos de espera en la tramitación entre un acto y otro se eternizan, no por la dificultad de la elaboración del planeamiento sino por la tardanza en la toma de decisiones políticas. En la gran mayoría de los casos esos tiempos son tremendamente largos. De tiempo efectivo un plan podría estar tramitado en menos de cinco meses, en tiempo real se está tardando más de año y medio. Lo que falla", insiste Santana, "es la voluntad para imprimir a ese instrumento la prioridad que debe tener".

Equipos

La nueva norma -en fase de elaboración y con la que se intentaría desde la administración dar respuesta a las críticas de empresarios de las Islas sobre las sobrelegislación del suelo y el consiguiente bloqueo de las inversiones- evitará los informes de técnicos municipales durante distintas fases de la redacción del plan general, así como las continuas devoluciones del proyecto por parte de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), el órgano gubernamental encargado de su aprobación. Retrocesos debidos, en muchas ocasiones, a defectos jurídicos que dilatan el proceso.

Para ello con la nueva ley el ayuntamiento, una vez establezca las líneas generales del nuevo plan, deberá sacarlo a concurso para que sea un equipo multidisciplinar habilitado por el Gobierno regional quien no solo lo redacte sino que se responsabilice, por ley, de que cumpla con todos los requerimientos técnicos y jurídicos.

"Tal y como se plantea en la teoría", señala el presidente de los especialistas en urbanismo, "puede dar un impulso interesante. Pero también puede ocurrir que toda esta modificación no sirva para nada si el compromiso de agilizar el proceso no llega a la administración", afirma Santana.

Coordinación

"Es urgente abordar la simplificación de la ley", coincide el urbanista Carmelo Padrón. "Tramitar planeamiento en Canarias se está convirtiendo en una auténtica agonía. Pero no solo porque los procedimientos se eternicen sino también por la falta de coordinación de las administraciones". Padrón recuerda que las instituciones que elaboran los planes no son las mismas que los aprueban. Las Directrices de Ordenación las hace el Gobierno y las respalda el Parlamento; los planes insulares reciben el visto bueno en el Consejo de Gobierno y es el Ejecutivo, a través de la Cotmac, el que aprueba los planes generales municipales. "Sin coordinación la agilización será poca".

El presidente de la Federación de Municipios advierte, en cualquier caso, que aunque la unanimidad de criterios respecto a la necesidad de simplificar los trámites es clara "tampoco debe servir para mandar al traste todo el trabajo de protección del suelo hecho hasta ahora".