Los recortes del Gobierno de Canarias en Servicios Sociales previstos para el próximo año afectarán especialmente a los menores. Esta es la denuncia hecha pública ayer por el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Las Palmas y la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales que mostraron su preocupación por la "importante" reducción del 14 por ciento en este apartado, que se traduce en 43 millones de euros menos con respecto al pasado año, a los que se suman los recortes sufridos durante los últimos años.
David Muñoz, presidente del colegio, dijo que esta medida es un "gran retroceso del sistema público" porque supone empeorar la ya de por sí precaria situación social en Canarias, donde tres de cada 10 personas (unos 752.070 ciudadanos), están en riesgo de pobreza o en exclusión social, por encima de la media nacional.
Además de los menores en desamparo, sufrirán la falta de recursos a partir del próximo año los mayores, las personas en exclusión social o con problemas de drogadicción, o las víctimas de violencia de género, entre otros. Asimismo, estos recortes conllevarán la rebaja de los fondos de la Prestación Canaria de Inserción destinada a personas sin ingresos, que ya este año han tenido retrasos a la hora de cobrarla por falta de liquidez.
También se verá afectada negativamente la implantación de la Ley de Dependencia, que se aplica en el Archipiélago con mayor lentitud que en el resto del país debido a un "bloqueo en la gestión" por parte del Gobierno de Canarias.
Koldobi Velasco, portavoz de la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, que acompañó ayer al presidente del colegio, añadió que Canarias es la segunda comunidad autónoma en la que menos se invierte en Servicios Sociales con la "ridícula cifra" de 126 euros por persona al año. Ante esta situación, han promovido un manifiesto que han suscrito ya unas 3.000 personas y una treintena de colectivos.
