Juan Pedro Pérez lleva varios años luchando, junto al resto de vecinos de playa de Ojos de Garza, por mantener en pie las casas de este lugar de Gran Canaria. "La reforma de la ley tiene que plantear, como mínimo, un cambio en su aplicación, porque no puede mantener su carácter retroactivo", afirma Pérez. Además añade que los parámetros de la ley se aplican "de una manera sesgada ya que hay zonas del litoral que no han sido tocadas".

Tras más de 16 años como presidente de la Asociación de Vecinos de Los Molinos, en Fuerteventura, Miguel Cerdeña está convencido de que "lo primero que debe hacerse es una transferencia de competencias y que el Gobierno de Canarias sea el responsable de gestionar la ley en las Islas". Considera que el Ejecutivo canario valorará mejor "el carácter etnográfico" de muchos de los pueblos pesqueros que visten el litoral del Archipiélago.

Víctor de la Cruz vive con su familia en El Golfo, un enclave privilegiado de Lanzarote. Los cambios del trazado del deslinde afectan a su vivienda. "Hace unos tres años cambiaron el deslinde y ahora no se salva ni una casa de todo el pueblo", afirma. Ante una posible reforma de la Ley de Costas, Víctor solo pide que "al menos vuelvan a establecer una distancia mínima de 20 metros con la costa y quiten la norma actual de los 100 metros".

Enrique Sánchez lleva sus 35 años de vida viviendo en la playa de Ojos de Garza. La lucha por mantener su casa en pie le genera desconcierto y angustia. "Un día nos dicen una cosa y al siguiente lo contrario, queremos que haya claridad y saber si al final las casas se van a derrumbar o se van a mantener", afirma. Enrique cuenta que entre los afectados se ha hablado de un realojamiento para "no quedarnos en la calle y tener un sitio donde vivir".