El consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, cuenta con poco más de dos meses para llevar a cabo la reestructuración de las sociedades públicas adscritas a la Comunidad Autónoma.
En este tiempo, González Ortiz y su equipo tendrán que lidiar con los responsables y trabajadores de estas empresas. Son más de 2.000 empleados a los que el Ejecutivo solicita un esfuerzo enmarcado en "las políticas de austeridad, reducción y reordenación del gasto público".
Los gestores que incumplan las normas fijadas por el Gobierno podrán ser penalizados, avisan, al tiempo que resaltan que periódicamente se revisará el funcionamiento de las empresas que no se liquiden antes del 31 de marzo.
