La mayoría de los sindicatos canarios (CC OO, STEC-IC, Insucan y EA Canarias), a excepción de UGT, mostraron ayer su rechazo a que el Gobierno regional convoque oposiciones en Secundaria, a pesar de la recomendación del Ministerio de Educación para aplazar un año esta convocatoria. Las organizaciones sindicales temen "una avalancha" de personas que se desplacen hasta las islas para optar a las plazas, así como la pérdida de puestos de trabajo de interinos en Canarias.

En cambio, el vicepresidente y consejero de Educación del Ejecutivo autónomo, José Miguel Pérez, rechazó ayer este "efecto llamada" y mantuvo que la administración busca "resquicios legales para poder cubrir las plazas suficientes que justifiquen oposiciones".

El secretario general de Enseñanza de CC OO- Canarias, José Ramón Barroso, insistió en que "no es el momento" de que se convoquen oposiciones en Educación, si antes no se modifica el Decreto 74/2010 y se incluye el reconocimiento de la actividad y la formación realizada. En su opinión, "por pocas plazas que se saquen, se generará un suicido de las listas de empleo de Canarias".

Por su parte, la portavoz del sindicato STEC-IC, Silvia Rodríguez, entiende que "la oferta de empleo público no es conveniente en estos momentos porque son muy pocas plazas, 180, para todas las especialidades que hay". Además, aludió al "efecto pernicioso que va a tener, pues se van a reordenar las listas de acuerdo al decretazo. Primero habría que cambiar ese decreto para que no se produzca la reordenación de las listas", señaló, al tiempo que advirtió de que "hay temarios nuevos que no han sido publicados" y significa que "los docentes que quieran prepararse cuentan con menos tiempo" para hacerlo. Recordó que en los dos últimos años se ha reducido la plantilla de docentes en más de 2.000 en todos los niveles educativos.

Para el coordinador general de Docentes de Canarias-Insucan, José Ángel Amador, hizo hincapié en que la convocatoria de oposiciones "es una canallada al colectivo de interinos y sustitutos" del Archipiélago, en tanto que "de 1.300 a 1.400 interinos que están trabajando actualmente se podrían quedar en la calle todos". Acusó a Pérez de querer "aplicar el colonialismo, al traer gente de fuera para sustituir a los empleados canarios".

La delegada sindical de EA Canarias, Ana Gloria Sánchez, mostró también su oposición, al considerar que conllevará "pérdida de empleo público".

Opinión contraria es la del secretario general de UGT Canarias, Gustavo Santana, que aseguró que "es una apuesta valiente" del Gobierno canario que "choca de frente con la decisión del Estado de la reposición cero". En todo caso, advirtió de que "hay que ver qué plazas están vacantes y qué tratamiento quiere hacerse de esta oferta de empleo público"

El consejero de Educación, José Miguel Pérez, sostiene que "es bueno" que haya oposiciones. Dijo que se prevén 801 jubilaciones y el Ejecutivo "no va a dejar de reponer nada". "Si no encuentro una salida legal no me meto en un proceso de oposición", agregó, y reiteró que los servicios jurídicos están estudiando aglutinar aquellas plazas que no saquen otras áreas como Sanidad y Justicia.