El Ministerio de Industria, Energía y Turismo dará autorización a Repsol para hacer prospecciones petrolíferas a 3.500 metros de profundidad. Los trabajos se realizarán a una distancia bajo el nivel del mar seis veces superior a los permitidos por Marruecos para la costa de Tarfaya. Una diferencia que, desde el punto de vista del Cabildo de Fuerteventura y los ecologistas, no da garantías de seguridad para Canarias toda vez que el punto más cercano en los que se realizarán las catas está a una distancia entre 14 y 20 kilómetros desde la punta de El Castillo, en el municipio de Antigua.
El real decreto que el ministro José Manuel Soria tiene sobre la mesa, y prevé que sea aprobado en breve por el Consejo de Ministros tras atender las alegaciones de las instituciones canarias, supone la convalidación de la autorización otorgada en 2001 a la petrolera española y anulada parcialmente por el Tribunal Supremo en 2004 tras un contencioso interpuesto por el Cabildo de Lanzarote. Es decir, corrige los errores encontrados entonces y, con la introducción de un nuevo artículo respecto al decreto anterior, incrementa el control medioambiental de los trabajos exploratorios que se realicen en las 616.060 hectáreas de las nueve cuadrículas mineras que se prevén investigar frente a las costas majorera y lanzaroteña.
Según ese real decreto, cuyo borrador envió Soria a los cabildos de las dos islas afectadas y a la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias -junto con el informe de la Abogacía del Estado que lo sustenta jurídicamente, las solicitudes de Repsol, la sentencia del Tribunal Supremo y la denuncia del Cabildo de Lanzarote y el PSOE en 2002- la petrolera estará obligada a realizar estudios de impacto medioambiental para cada trabajo que lleve a cabo en los "al menos dos pozos" exploratorios que se perforen.
Estudios
El permiso se establece para un total de seis años de forma que las catas se concentrarán en los cuatro últimos, mientras que en los dos primeros los estudios que se desarrollen serán de carácter geoquímico -para evaluar el potencial del fondo marino- y geológico y geofísicos.
Industria ordena que a partir del tercer año, con el inicio de las prospecciones, cada trabajo que se lleve a cabo y requiera autorización debe acompañarse de: estudios de impacto medioambiental; plan de gestión medioambiental con medidas preventivas y correctivas y un plan de contingencias medioambientales.
Con todo, desde el Cabildo de Fuerteventura se entiende que el Estado oculta información. En la documentación enviada por el Ministerio no aparecen informes económicos actualizados, ni geofísicos que determinen las características de la zona y ni si en caso de hallarse petróleo éste procedería de la misma roca madre que la bolsa que está en estudio en Tarfaya.
La corporación insular echa de menos, especialmente, un informe sobre cómo solventar posibles derrames de fuel y cómo podrían afectar a la población y a la biodiversidad marina de Canarias.
