José Manuel Soria, actual ministro de Industria y Energía, lideró siendo vicepresidente del Gobierno de Canarias las negociaciones en las que la Comunidad Autónoma reclamó al Estado las competencias sobre la exploración y explotación de gas y petróleo en el fondo marino de las Islas. El 1 de abril de 2008 apoyó con su voto a favor en el Consejo de Gobierno el recurso contra la Ley de Hidrocarburos de 2007 que el Ejecutivo regional presentó al Tribunal Constitucional.
Soria mantiene ahora que las aguas que circundan el Archipiélago, desde la costa hasta las doce millas en adelante, son aguas territoriales en las que Canarias no tiene capacidad de decisión. En virtud de ello, el ministro ha iniciado los trámites para aprobar en breve un real decreto que convalida el permiso otorgado a la petrolera Repsol en 2001 y que fue paralizado en 2004 por el Tribunal Supremo "por no haberse determinado expresamente las medidas de protección medioambiental", según reza el borrador de la disposición que envió la pasad semana al Ejecutivo regional y a los cabildo de Lanzarote y Fuerteventura.
El Pacto CC-PP (2007-2010) planteó discrepancias con la Ley de Hidrocarburos -que modificó la de 1998 con el objeto de adaptarla a una directriz del Parlamento y del Consejo Europeo- dos meses después de que fuera promulgada. Como responsable en el Ejecutivo canario en la intermediación con los distintos ministerios, Soria presidió a partir de septiembre de 2007 el pleno de la comisión bilateral con la que se intentó llegar a un acuerdo en tres puntos: las autorizaciones de la instalación de redes de transporte secundario, las competencias sobre las instalaciones que integran la red básica de gas natural y las competencias sobre el fondo marino del Archipiélago.
Discrepancias
Tras más de cinco meses de conversaciones Canarias y el Estado alcanzaron acuerdos en los dos primeros asuntos pero no así en el artículo 3.2b de la ley. Este señala: "Corresponde a la Administración General del Estado otorgar autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación en las zonas de subsuelo marino". Canarias sostiene que tiene competencias en materia energética en sentido amplio (en tierra y en el mar).
En el acta de la comisión bilateral de 28 de marzo de 2008, la titular entonces de la cartera de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el vicepresidente entonces del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, hacen constar con sus firmas sus posturas opuestas.
Esa acta es la base para que tres días después el Consejo de Gobierno solicitara un dictamen al Consejo Consultivo de Canarias con la intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa de hidrocarburos. También teniendo en cuenta el acuerdo firmado por Soria, el 1 de abril de 2008 el Ejecutivo formado por cuatro consejeros del PP y seis de CC además del presidente Paulino Rivero, aprueba por unanimidad presentar el recurso. El 15 de abril de 2008 el pleno del Tribunal Constitucional lo admite a trámite.
En el mismo sentido que el líder popular, apoyaron la acción judicial en el Consejo Consultivo los dos representantes elegidos a propuesta del PP, el presidente del órgano, Carlos Millán, y Francisco Reyes Reyes. El dictamen, en el que actuó de ponente José Suay (designado a propuesta de Román Rodríguez cuando ocupaba la Presidencia del Gobierno), concluía que "el precepto legal impugnado atenta contra el orden constitucionalmente establecido, al desconocer las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias". La única posición discrepante fue la de uno de los ponentes apoyados por el PSOE, Luis Fajardo Spínola, que defiende que la Comunidad Autónoma sólo tiene competencias en tierra, por lo que hizo constar su voto particular.
