El Gobierno canario considera que la convalidación del decreto que autoriza las prospecciones petrolíferas por parte del Ministerio de Industria es ilegal desde el punto de vista administrativo y medioambiental. Asimismo, el Ejecutivo advierte que carece de cobertura jurídica porque el Estado no tiene competencias en la zona marítima de los sondeos en función de la distribución de competencias establecida por el Estatuto y la Ley de Aguas Canarias de 2010.

El Ejecutivo ha remitido a la Dirección General de Política Energética y Minas las alegaciones solicitadas por el departamento que dirige José Manuel Soria, aunque se reserva el derecho a entablar acciones judiciales en las próximas semanas con el fin de frenar la autorización a Repsol para realizar las exploraciones en las aguas cercanas a las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

En el documento remitido ayer al Ministerio, la Comunidad Autónoma cree que el decreto que se pretende convalida incumple la sentencia del Tribunal Supremo de 2004 que anuló parte del decreto de 2001. Para el Ejecutivo, el informe medioambiental que exige el Supremo para el proyecto de perforación de los pozos exploratorios "es un mero documento que hace mención a cualquier trabajo de prospección que se ejecute en cualquier lugar del planeta, sean cuales sean sus condiciones medioambientales". Por ello, se critica el nulo interés de la Administración estatal por las repercusiones sobre el medio ambiente.

Otro argumento utilizado por el Gobierno canario es que el decreto que se pretende convalidar ya ha rebasado los plazos, por lo que los permisos de investigación otorgados en el año 2001 se encuentran extinguidos.

Brufau, en Canarias

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, visitará Canarias a principios de marzo para reunirse con el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, y otros miembros del Ejecutivo para explicarles los planes de la petrolera en las prospecciones que ha solicitado en aguas cercanas a las Islas. La intención de Brufau es intentar convencer a las instituciones canarias de que las exploraciones son seguras para el medio ambiente hasta comprobar definitivamente la existencia de crudo y gas.