El Gobierno canario ultima la batalla judicial que emprenderá en contra de las prospecciones petrolíferas impulsadas por el Ministerio de Industria en aguas cercanas a las Islas. Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma trabajan en dos frentes con recursos que llegarán a la Audiencia Nacional y al Tribunal Constitucional. Por un lado, se solicitará la suspensión cautelar de las exploraciones, mientras que, por otro, la Comunidad Autónoma entablará un conflicto de competencias con el Estado por la titularidad de las aguas.
Si el Ministerio de Industria convalida el decreto tal y como lo ha remitido a las instituciones canarias, la Comunidad Autónoma presentará un recurso en el que exigirá la suspensión cautelar de las prospecciones hasta que la Justicia decida sobre la demanda. El Gobierno fundamentará la petición de suspensión cautelar en que los perjuicios que se pueden ocasionar al medio ambiente son de difícil o imposible recuperación.
El Ejecutivo que preside Paulino Rivero cree que hay argumentos suficientes para que la Audiencia Nacional suspenda las exploraciones hasta que decida sobre el fondo del recurso, ya que ni Repsol ni el Ministerio de Industria disponen de un informe específico y detallado sobre las afecciones que pueden ocasionar los sondeos a las condiciones medioambientales de Canarias, a la flora y fauna marinas de la zona y las medidas concretas de control y prevención en caso de derrames y vertidos.
Conflicto de competencias
Por otro lado, la Comunidad Autónoma prepara un requerimiento previo que presentará ante la Administración estatal alegando que no es competente para conceder los permisos en función de lo recogido en el Estatuto de Autonomía y en la Ley de Aguas Canarias de 2010. Como se prevé una respuesta negativa por parte del Gobierno central, los servicios jurídicos autonómicos presentarán un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC).
No es la primera vez Canarias recurre al TC por la competencia sobre las aguas territoriales. Lo hizo en 2008 cuando se aprobó la Ley de Hidrocarburos y posteriormente ha presentado tres conflictos más por el mismo motivo debido a leyes aprobadas por el Estado como las de Biodiversidad, Espacios Naturales y por la instalación de parque eólicos marinos.
